(EL DIARIO REGIONAL, 31/12/2006) Las fiestas de fin de año suelen ser propicias para disfrutar del siempre asombroso espectáculo de los fuegos artificiales. Los colores, los sonidos y hasta la música, cuando la hay, invitan a dejarse cautivar por un ritual milenario.
Tan conmovedora resulta esta pirotecnia festiva, que a menudo algunos políticos —creyéndose encantadores de serpientes frente a un público poco iluminado— echan mano de ella para distraer la atención de la sociedad sobre sus problemas más acuciantes.
A poco de haber asumido, el Intendente anunció que el 2004 sería el "año de la salud", significando que todos los recursos públicos estarían focalizados en "curar a Pilar"; también dijo que la incorporación de Pilar a la Red de Municipios Saludables perseguía el mismo objetivo.
Tres años después de las reformas, la salud pública sigue enferma, y lo único que logró el gobierno—por haber aumentado la cantidad de camas— fue recibir más dinero de coparticipación provincial. Claro que aquí, como se sabe, cantidad no implica calidad: los problemas de desinversión son los mismos que en la gestión anterior. Inclusive, hay muchos que aseguran que antes estaban mejor, porque al menos cobraban el SAMO (dinero proveniente de lo que se factura a los pacientes que cuentan con obra social), y gozaban de la vigencia de la carrera médico hospitalaria (en caso de duda, el lector puede ir al hospital municipal y consultar a su médico).
A mediados de 2004 el gobierno de Zúccaro vendió calles públicas ubicadas en el interior de cuatro countries por más de cinco millones de pesos. El anuncio: el destino de los fondos será destinado 100% para la obra pública. La realidad: el artículo de la ordenanza que debía asegurar que los fondos fueran a una cuenta especial destinada a obras "desapareció" del decreto que firmó el alcalde, y una conocida fundación que trabajó —desde las sombras— en el diseño del acuerdo, declaró su verdadero objetivo: lograr "el máximo provecho para el Intendente (Zúccaro)".
En una reciente entrevista por Fm Plaza, el jefe comunal dijo: "cuando asumí no teníamos ni para pagarle a la gente. Hoy tenemos plata en el banco y estoy planificando aumentos de sueldos para el año que viene". Dijo además que cuando termine su gestión (¿en 2007?), espera haber cancelado la deuda de 25 millones de pesos con la que tomó el municipio.
La realidad es que hoy se ya se habla de aumentar nuevamente las tasas, aunque —por el principio natural de supervivencia— es de esperar que el gobierno deje enfriar un poco el tema para que no pase con el Concejo Deliberante de Pilar lo que pasó con la legislatura chaqueña. Y con respecto a la "pesada herencia", o ya está cancelada, o no se entiende bien cómo piensa cancelarla, porque en el presupuesto 2007 no hay plata para ello: sólo se aprobó una cifra menor en concepto de "deuda flotante".
Los anuncios, como los fuegos artificiales, mueren inmediatamente luego de lanzados; el público podrá ser engañado una vez, pero luego el truco será descubierto, y hará falta algo más que la pirotecnia de un discurso vacío para prolongar el encantamiento.
domingo, 31 de diciembre de 2006
Fuegos Artificiales
(EL DIARIO REGIONAL, 31/12/2006) Las fiestas de fin de año suelen ser propicias para disfrutar del siempre asombroso espectáculo de los fuegos artificiales. Los colores, los sonidos y hasta la música, cuando la hay, invitan a dejarse cautivar por un ritual milenario.
Tan conmovedora resulta esta pirotecnia festiva, que a menudo algunos políticos —creyéndose encantadores de serpientes frente a un público poco iluminado— echan mano de ella para distraer la atención de la sociedad sobre sus problemas más acuciantes.
A poco de haber asumido, el Intendente anunció que el 2004 sería el "año de la salud", significando que todos los recursos públicos estarían focalizados en "curar a Pilar"; también dijo que la incorporación de Pilar a la Red de Municipios Saludables perseguía el mismo objetivo.
Tres años después de las reformas, la salud pública sigue enferma, y lo único que logró el gobierno—por haber aumentado la cantidad de camas— fue recibir más dinero de coparticipación provincial. Claro que aquí, como se sabe, cantidad no implica calidad: los problemas de desinversión son los mismos que en la gestión anterior. Inclusive, hay muchos que aseguran que antes estaban mejor, porque al menos cobraban el SAMO (dinero proveniente de lo que se factura a los pacientes que cuentan con obra social), y gozaban de la vigencia de la carrera médico hospitalaria (en caso de duda, el lector puede ir al hospital municipal y consultar a su médico).
A mediados de 2004 el gobierno de Zúccaro vendió calles públicas ubicadas en el interior de cuatro countries por más de cinco millones de pesos. El anuncio: el destino de los fondos será destinado 100% para la obra pública. La realidad: el artículo de la ordenanza que debía asegurar que los fondos fueran a una cuenta especial destinada a obras "desapareció" del decreto que firmó el alcalde, y una conocida fundación que trabajó —desde las sombras— en el diseño del acuerdo, declaró su verdadero objetivo: lograr "el máximo provecho para el Intendente (Zúccaro)".
En una reciente entrevista por Fm Plaza, el jefe comunal dijo: "cuando asumí no teníamos ni para pagarle a la gente. Hoy tenemos plata en el banco y estoy planificando aumentos de sueldos para el año que viene". Dijo además que cuando termine su gestión (¿en 2007?), espera haber cancelado la deuda de 25 millones de pesos con la que tomó el municipio.
La realidad es que hoy se ya se habla de aumentar nuevamente las tasas, aunque —por el principio natural de supervivencia— es de esperar que el gobierno deje enfriar un poco el tema para que no pase con el Concejo Deliberante de Pilar lo que pasó con la legislatura chaqueña. Y con respecto a la "pesada herencia", o ya está cancelada, o no se entiende bien cómo piensa cancelarla, porque en el presupuesto 2007 no hay plata para ello: sólo se aprobó una cifra menor en concepto de "deuda flotante".
Los anuncios, como los fuegos artificiales, mueren inmediatamente luego de lanzados; el público podrá ser engañado una vez, pero luego el truco será descubierto, y hará falta algo más que la pirotecnia de un discurso vacío para prolongar el encantamiento.
Tan conmovedora resulta esta pirotecnia festiva, que a menudo algunos políticos —creyéndose encantadores de serpientes frente a un público poco iluminado— echan mano de ella para distraer la atención de la sociedad sobre sus problemas más acuciantes.
A poco de haber asumido, el Intendente anunció que el 2004 sería el "año de la salud", significando que todos los recursos públicos estarían focalizados en "curar a Pilar"; también dijo que la incorporación de Pilar a la Red de Municipios Saludables perseguía el mismo objetivo.
Tres años después de las reformas, la salud pública sigue enferma, y lo único que logró el gobierno—por haber aumentado la cantidad de camas— fue recibir más dinero de coparticipación provincial. Claro que aquí, como se sabe, cantidad no implica calidad: los problemas de desinversión son los mismos que en la gestión anterior. Inclusive, hay muchos que aseguran que antes estaban mejor, porque al menos cobraban el SAMO (dinero proveniente de lo que se factura a los pacientes que cuentan con obra social), y gozaban de la vigencia de la carrera médico hospitalaria (en caso de duda, el lector puede ir al hospital municipal y consultar a su médico).
A mediados de 2004 el gobierno de Zúccaro vendió calles públicas ubicadas en el interior de cuatro countries por más de cinco millones de pesos. El anuncio: el destino de los fondos será destinado 100% para la obra pública. La realidad: el artículo de la ordenanza que debía asegurar que los fondos fueran a una cuenta especial destinada a obras "desapareció" del decreto que firmó el alcalde, y una conocida fundación que trabajó —desde las sombras— en el diseño del acuerdo, declaró su verdadero objetivo: lograr "el máximo provecho para el Intendente (Zúccaro)".
En una reciente entrevista por Fm Plaza, el jefe comunal dijo: "cuando asumí no teníamos ni para pagarle a la gente. Hoy tenemos plata en el banco y estoy planificando aumentos de sueldos para el año que viene". Dijo además que cuando termine su gestión (¿en 2007?), espera haber cancelado la deuda de 25 millones de pesos con la que tomó el municipio.
La realidad es que hoy se ya se habla de aumentar nuevamente las tasas, aunque —por el principio natural de supervivencia— es de esperar que el gobierno deje enfriar un poco el tema para que no pase con el Concejo Deliberante de Pilar lo que pasó con la legislatura chaqueña. Y con respecto a la "pesada herencia", o ya está cancelada, o no se entiende bien cómo piensa cancelarla, porque en el presupuesto 2007 no hay plata para ello: sólo se aprobó una cifra menor en concepto de "deuda flotante".
Los anuncios, como los fuegos artificiales, mueren inmediatamente luego de lanzados; el público podrá ser engañado una vez, pero luego el truco será descubierto, y hará falta algo más que la pirotecnia de un discurso vacío para prolongar el encantamiento.
martes, 26 de diciembre de 2006
Diciembre Negro
(EL DIARIO REGIONAL, 26/12/2006) En estos días se cumplieron cinco años de una imagen inolvidable: la del helicóptero sobrevolando la Casa Rosada, llevando en su interior al ex Presidente Fernando De La Rua. Comenzaba así una secuencia interminable de asunciones y renuncias a la presidencia de la Nación. Todavía hay opiniones divergentes sobre lo que verdaderamente ocurrió a fines de Diciembre de 2001, pero una de las más consistentes —investigada por la Justicia— habla de un complot, que habría sido orquestado, entre otros, por varios dirigentes duhaldistas.
Mientras el "Diciembre negro" desintegraba las instituciones de la República, en Pilar algunos "avivados" llevaban agua para su molino y preparaban otro complot —con cacerolazo incluido— en contra del ex intendente Sergio Bivort, con la excusa de oponerse a la modificación de la ordenanza fiscal. En realidad, el proyecto no consistía en aumentar las tasas sino en rebalancearlas, manteniendo sin variar la "emisión" (suma total de los importes de las boletas que se emiten), pero cobrando mayores tributos a las propiedades más costosas, y menores a las más humildes. En síntesis, hacía más equitativa la presión del fisco local.
El complot —que contó con el apoyo de dirigentes pattistas y vecinalistas— resultó un plan casi perfecto: Bivort tuvo que dar marcha atrás con la pretendida reforma. Pero tres años después, lo que Humberto Zúccaro rechazaba como Concejal, lo impulsó como intendente, y no ya en la forma de un ingenuo rebalanceo, sino de un terrible impuestazo, que en muchos casos duplicó y hasta triplicó las tasas que se cobraban al iniciar su gestión.
Quienes nos opusimos al aumento recibimos una respuesta demasiado escuchada: "será destinado a obras". Nos mintieron. De entonces a hoy, el aumento en los recursos municipales fue destinado casi exclusivamente a engordar la caja de un reducido grupo de empresas de servicios públicos: correo, iluminación, basura.
Blue Mail, la empresa encargada de distribuir las tasas, se llevará el año que viene unos 3 millones de pesos más que en 2005, cuando su presupuesto era de poco más de 2 millones. Así, cada boleta de tasas municipales costará (suponiendo que efectivamente se distribuyen todas, cosa que me permito poner en duda), unos 4 pesos. Muchas reparticiones públicas y empresas privadas pagan por un servicio similar una cuarta parte.
Lesko recibirá también un jugoso aumento, del orden del millón de pesos. Pero en muchos barrios, la única luz que conocen los vecinos es la del sol.
Transur recibió unos diez millones en 2005, catorce en 2006, y se llevará unos 18 en el año porvenir. "En el caso de los residuos había un déficit importante que logramos reducir", se justificó el intendente Zúccaro a fines del año pasado. Bien, y ahora que el "importante" déficit se redujo, ¿por qué vamos a pagar ocho millones de pesos más?
Resulta paradójico que un gobierno encabezado por alguien que se dice justicialista, se justifique frente a cualquier reclamo diciendo que no hay plata, cuando por el otro lado, sí haya plata y mantenga "relaciones carnales" con las mismas empresas a las que fustigó de manera implacable cuando todavía no era intendente.
Como ejemplo, vale la pena recordar que siendo Concejal, en julio de 2000, y refiriéndose a la concesión del servicio de agua corriente y cloacas, Zúccaro dijo que "nos quedamos en el antaño, cuando privatizamos nos equivocamos, Sudamericana no solucionó nada. Vamos a acompañar todo proyecto que pida rescindir el contrato. En aquel momento engañaron a nuestros pares que votaron. Como hombres de bien, reconocemos el error de la privatización".
Entre tanto gatopardo que anda dando vueltas por ahí, hay quienes ven en los extraordinarios aumentos del presupuesto 2007 que el intendente Zúccaro envió al Concejo una forma de obtener dinero para financiar su campaña por la reelección.
Como decía mi abuela, hay que creer o reventar.
Mientras el "Diciembre negro" desintegraba las instituciones de la República, en Pilar algunos "avivados" llevaban agua para su molino y preparaban otro complot —con cacerolazo incluido— en contra del ex intendente Sergio Bivort, con la excusa de oponerse a la modificación de la ordenanza fiscal. En realidad, el proyecto no consistía en aumentar las tasas sino en rebalancearlas, manteniendo sin variar la "emisión" (suma total de los importes de las boletas que se emiten), pero cobrando mayores tributos a las propiedades más costosas, y menores a las más humildes. En síntesis, hacía más equitativa la presión del fisco local.
El complot —que contó con el apoyo de dirigentes pattistas y vecinalistas— resultó un plan casi perfecto: Bivort tuvo que dar marcha atrás con la pretendida reforma. Pero tres años después, lo que Humberto Zúccaro rechazaba como Concejal, lo impulsó como intendente, y no ya en la forma de un ingenuo rebalanceo, sino de un terrible impuestazo, que en muchos casos duplicó y hasta triplicó las tasas que se cobraban al iniciar su gestión.
Quienes nos opusimos al aumento recibimos una respuesta demasiado escuchada: "será destinado a obras". Nos mintieron. De entonces a hoy, el aumento en los recursos municipales fue destinado casi exclusivamente a engordar la caja de un reducido grupo de empresas de servicios públicos: correo, iluminación, basura.
Blue Mail, la empresa encargada de distribuir las tasas, se llevará el año que viene unos 3 millones de pesos más que en 2005, cuando su presupuesto era de poco más de 2 millones. Así, cada boleta de tasas municipales costará (suponiendo que efectivamente se distribuyen todas, cosa que me permito poner en duda), unos 4 pesos. Muchas reparticiones públicas y empresas privadas pagan por un servicio similar una cuarta parte.
Lesko recibirá también un jugoso aumento, del orden del millón de pesos. Pero en muchos barrios, la única luz que conocen los vecinos es la del sol.
Transur recibió unos diez millones en 2005, catorce en 2006, y se llevará unos 18 en el año porvenir. "En el caso de los residuos había un déficit importante que logramos reducir", se justificó el intendente Zúccaro a fines del año pasado. Bien, y ahora que el "importante" déficit se redujo, ¿por qué vamos a pagar ocho millones de pesos más?
Resulta paradójico que un gobierno encabezado por alguien que se dice justicialista, se justifique frente a cualquier reclamo diciendo que no hay plata, cuando por el otro lado, sí haya plata y mantenga "relaciones carnales" con las mismas empresas a las que fustigó de manera implacable cuando todavía no era intendente.
Como ejemplo, vale la pena recordar que siendo Concejal, en julio de 2000, y refiriéndose a la concesión del servicio de agua corriente y cloacas, Zúccaro dijo que "nos quedamos en el antaño, cuando privatizamos nos equivocamos, Sudamericana no solucionó nada. Vamos a acompañar todo proyecto que pida rescindir el contrato. En aquel momento engañaron a nuestros pares que votaron. Como hombres de bien, reconocemos el error de la privatización".
Entre tanto gatopardo que anda dando vueltas por ahí, hay quienes ven en los extraordinarios aumentos del presupuesto 2007 que el intendente Zúccaro envió al Concejo una forma de obtener dinero para financiar su campaña por la reelección.
Como decía mi abuela, hay que creer o reventar.
Diciembre Negro
(EL DIARIO REGIONAL, 26/12/2006) En estos días se cumplieron cinco años de una imagen inolvidable: la del helicóptero sobrevolando la Casa Rosada, llevando en su interior al ex Presidente Fernando De La Rua. Comenzaba así una secuencia interminable de asunciones y renuncias a la presidencia de la Nación. Todavía hay opiniones divergentes sobre lo que verdaderamente ocurrió a fines de Diciembre de 2001, pero una de las más consistentes —investigada por la Justicia— habla de un complot, que habría sido orquestado, entre otros, por varios dirigentes duhaldistas.
Mientras el "Diciembre negro" desintegraba las instituciones de la República, en Pilar algunos "avivados" llevaban agua para su molino y preparaban otro complot —con cacerolazo incluido— en contra del ex intendente Sergio Bivort, con la excusa de oponerse a la modificación de la ordenanza fiscal. En realidad, el proyecto no consistía en aumentar las tasas sino en rebalancearlas, manteniendo sin variar la "emisión" (suma total de los importes de las boletas que se emiten), pero cobrando mayores tributos a las propiedades más costosas, y menores a las más humildes. En síntesis, hacía más equitativa la presión del fisco local.
El complot —que contó con el apoyo de dirigentes pattistas y vecinalistas— resultó un plan casi perfecto: Bivort tuvo que dar marcha atrás con la pretendida reforma. Pero tres años después, lo que Humberto Zúccaro rechazaba como Concejal, lo impulsó como intendente, y no ya en la forma de un ingenuo rebalanceo, sino de un terrible impuestazo, que en muchos casos duplicó y hasta triplicó las tasas que se cobraban al iniciar su gestión.
Quienes nos opusimos al aumento recibimos una respuesta demasiado escuchada: "será destinado a obras". Nos mintieron. De entonces a hoy, el aumento en los recursos municipales fue destinado casi exclusivamente a engordar la caja de un reducido grupo de empresas de servicios públicos: correo, iluminación, basura.
Blue Mail, la empresa encargada de distribuir las tasas, se llevará el año que viene unos 3 millones de pesos más que en 2005, cuando su presupuesto era de poco más de 2 millones. Así, cada boleta de tasas municipales costará (suponiendo que efectivamente se distribuyen todas, cosa que me permito poner en duda), unos 4 pesos. Muchas reparticiones públicas y empresas privadas pagan por un servicio similar una cuarta parte.
Lesko recibirá también un jugoso aumento, del orden del millón de pesos. Pero en muchos barrios, la única luz que conocen los vecinos es la del sol.
Transur recibió unos diez millones en 2005, catorce en 2006, y se llevará unos 18 en el año porvenir. "En el caso de los residuos había un déficit importante que logramos reducir", se justificó el intendente Zúccaro a fines del año pasado. Bien, y ahora que el "importante" déficit se redujo, ¿por qué vamos a pagar ocho millones de pesos más?
Resulta paradójico que un gobierno encabezado por alguien que se dice justicialista, se justifique frente a cualquier reclamo diciendo que no hay plata, cuando por el otro lado, sí haya plata y mantenga "relaciones carnales" con las mismas empresas a las que fustigó de manera implacable cuando todavía no era intendente.
Como ejemplo, vale la pena recordar que siendo Concejal, en julio de 2000, y refiriéndose a la concesión del servicio de agua corriente y cloacas, Zúccaro dijo que "nos quedamos en el antaño, cuando privatizamos nos equivocamos, Sudamericana no solucionó nada. Vamos a acompañar todo proyecto que pida rescindir el contrato. En aquel momento engañaron a nuestros pares que votaron. Como hombres de bien, reconocemos el error de la privatización".
Entre tanto gatopardo que anda dando vueltas por ahí, hay quienes ven en los extraordinarios aumentos del presupuesto 2007 que el intendente Zúccaro envió al Concejo una forma de obtener dinero para financiar su campaña por la reelección.
Como decía mi abuela, hay que creer o reventar.
Mientras el "Diciembre negro" desintegraba las instituciones de la República, en Pilar algunos "avivados" llevaban agua para su molino y preparaban otro complot —con cacerolazo incluido— en contra del ex intendente Sergio Bivort, con la excusa de oponerse a la modificación de la ordenanza fiscal. En realidad, el proyecto no consistía en aumentar las tasas sino en rebalancearlas, manteniendo sin variar la "emisión" (suma total de los importes de las boletas que se emiten), pero cobrando mayores tributos a las propiedades más costosas, y menores a las más humildes. En síntesis, hacía más equitativa la presión del fisco local.
El complot —que contó con el apoyo de dirigentes pattistas y vecinalistas— resultó un plan casi perfecto: Bivort tuvo que dar marcha atrás con la pretendida reforma. Pero tres años después, lo que Humberto Zúccaro rechazaba como Concejal, lo impulsó como intendente, y no ya en la forma de un ingenuo rebalanceo, sino de un terrible impuestazo, que en muchos casos duplicó y hasta triplicó las tasas que se cobraban al iniciar su gestión.
Quienes nos opusimos al aumento recibimos una respuesta demasiado escuchada: "será destinado a obras". Nos mintieron. De entonces a hoy, el aumento en los recursos municipales fue destinado casi exclusivamente a engordar la caja de un reducido grupo de empresas de servicios públicos: correo, iluminación, basura.
Blue Mail, la empresa encargada de distribuir las tasas, se llevará el año que viene unos 3 millones de pesos más que en 2005, cuando su presupuesto era de poco más de 2 millones. Así, cada boleta de tasas municipales costará (suponiendo que efectivamente se distribuyen todas, cosa que me permito poner en duda), unos 4 pesos. Muchas reparticiones públicas y empresas privadas pagan por un servicio similar una cuarta parte.
Lesko recibirá también un jugoso aumento, del orden del millón de pesos. Pero en muchos barrios, la única luz que conocen los vecinos es la del sol.
Transur recibió unos diez millones en 2005, catorce en 2006, y se llevará unos 18 en el año porvenir. "En el caso de los residuos había un déficit importante que logramos reducir", se justificó el intendente Zúccaro a fines del año pasado. Bien, y ahora que el "importante" déficit se redujo, ¿por qué vamos a pagar ocho millones de pesos más?
Resulta paradójico que un gobierno encabezado por alguien que se dice justicialista, se justifique frente a cualquier reclamo diciendo que no hay plata, cuando por el otro lado, sí haya plata y mantenga "relaciones carnales" con las mismas empresas a las que fustigó de manera implacable cuando todavía no era intendente.
Como ejemplo, vale la pena recordar que siendo Concejal, en julio de 2000, y refiriéndose a la concesión del servicio de agua corriente y cloacas, Zúccaro dijo que "nos quedamos en el antaño, cuando privatizamos nos equivocamos, Sudamericana no solucionó nada. Vamos a acompañar todo proyecto que pida rescindir el contrato. En aquel momento engañaron a nuestros pares que votaron. Como hombres de bien, reconocemos el error de la privatización".
Entre tanto gatopardo que anda dando vueltas por ahí, hay quienes ven en los extraordinarios aumentos del presupuesto 2007 que el intendente Zúccaro envió al Concejo una forma de obtener dinero para financiar su campaña por la reelección.
Como decía mi abuela, hay que creer o reventar.
martes, 12 de diciembre de 2006
Pálpito Oficial
(EL DIARIO REGIONAL, 12/12/2006) Al cumplirse hoy tres años de la asunción como Intendente de Humberto Zúccaro, es poco lo que hay para festejar. Sobre todo en lo referido a las preocupaciones más graves de la sociedad, como la inseguridad, la salud o el transporte.
Sobre la primera de ellas, la inseguridad, el alcalde confesó hace unos días tener el “pálpito” de que iba a aumentar. Su afirmación responde a una estrategia que de tan conocida no debería asombrarnos, o al menos, no debería hacerlo al punto de merecer la tapa de los diarios: consiste en anunciar siempre lo peor; si finalmente sucede el mal anunciado, el pájaro de mal agüero se llevará la gloria de haberlo predicho; y si nada ocurre, todos estarán tan aliviados que a nadie se le ocurrirá enrostrarle al visionario lo desacertado de su pronóstico.
Así las cosas, ¿qué deberíamos hacer nosotros como eventuales víctimas de la premonición gubernamental?; primero —y esta es una regla de oro— desconfiar de su verosimilitud; ¿porqué el intendente dijo lo que dijo? ¿en qué información se basó para llegar a tan temeraria afirmación? ¿porqué unos días después de su anuncio se preocupó en aclarar que la seguridad del distrito "depende de la policía de la Provincia de Buenos Aires”?.
Segundo, debemos exigir que los funcionarios públicos sean responsables y conozcan los problemas sobre los que toman decisiones.
Parecería que como de costumbre —y principalmente en materia de seguridad— Zúccaro habla sin saber lo que dice; y es una pena, porque entre sus colaboradores hay quienes del tema saben, y podrían ayudarlo a entenderlo.
Que hay inseguridad no es novedoso; no hace falta tener ninguna bola de cristal para ver lo que cualquier pilarense “de a pie” (y los que sólo ven a Pilar desde la autopista) vive en carne propia; nos despedimos cada mañana de nuestro seres queridos con la duda de no saber si la violencia cotidiana permitirá que nos volvamos a encontrar sanos y salvos por la noche.
Los expertos que en el mundo trabajan sobre la cuestión de la criminalidad reconocen desde hace décadas la relación que existe entre las condiciones socio-económicas y el crimen. También se sabe que la tasa de criminalidad disminuye de la mano con la inequidad; dos cuestiones son fundamentales determinantes de la criminalidad: la existencia de condiciones disuasivas y las penas que se establecen para quienes violan la ley. Es decir que quien analiza cometer un delito -aunque no lo pueda "racionalizar" con claridad- piensa tanto en el riesgo de ser capturado como en la penalización que le correspondería en caso de ser aprehendido. Sobre éste último aspecto, no es mucho lo que se puede hacer desde un gobierno municipal, puesto que las leyes penales no se elaboran desde el Concejo Deliberante (por fortuna). Pero sobre la cuestión de las condiciones que disuaden el delito, el municipio tiene todo por hacer: desmalezar, iluminar, hacer que funcione con eficacia el servicio de trasporte público de colectivos, el de recolección de residuos, de salud, y así siguiendo. En síntesis, gobernar con equidad.
Lamentablemente, el intendente se muestra "preocupado" por la inseguridad, pero no “ocupado". Parecería que las más de las veces se lo encuentra trabajando para que el camino de la delincuencia esté libre de obstáculos; como con la situación que generó a partir de la creación del denominado "corredor nocturno", que hoy por hoy es un desierto de día, y un descontrol de noche. La ausencia del Estado logró que en las calles de Villa Delia, el barrio pilarense más afectado por la movida nocturna, los robos sean cosa de todos los días; a la tragedia de no poder descansar de noche por los ruidos molestos, se agrega ahora la inseguridad de no poder alejarse de sus hogares durante el día por miedo a volver y encontrarlos saqueados.
A tres años de gobierno, y a uno de finalizar su mandato, el intendente Zúccaro consolida un estilo de gestión: tantos anuncios y promesas como sean posibles, tan poca gestión como sea necesaria; sólo la suficiente para poder contrarrestar los reclamos de los vecinos.
Es una pena: mientras el tren del progreso con equidad para nuestro distrito nos está pasando por delante de los ojos, el intendente se empecina y nos propone viajar en el carro desvencijado de la vieja política. Una pena.
Sobre la primera de ellas, la inseguridad, el alcalde confesó hace unos días tener el “pálpito” de que iba a aumentar. Su afirmación responde a una estrategia que de tan conocida no debería asombrarnos, o al menos, no debería hacerlo al punto de merecer la tapa de los diarios: consiste en anunciar siempre lo peor; si finalmente sucede el mal anunciado, el pájaro de mal agüero se llevará la gloria de haberlo predicho; y si nada ocurre, todos estarán tan aliviados que a nadie se le ocurrirá enrostrarle al visionario lo desacertado de su pronóstico.
Así las cosas, ¿qué deberíamos hacer nosotros como eventuales víctimas de la premonición gubernamental?; primero —y esta es una regla de oro— desconfiar de su verosimilitud; ¿porqué el intendente dijo lo que dijo? ¿en qué información se basó para llegar a tan temeraria afirmación? ¿porqué unos días después de su anuncio se preocupó en aclarar que la seguridad del distrito "depende de la policía de la Provincia de Buenos Aires”?.
Segundo, debemos exigir que los funcionarios públicos sean responsables y conozcan los problemas sobre los que toman decisiones.
Parecería que como de costumbre —y principalmente en materia de seguridad— Zúccaro habla sin saber lo que dice; y es una pena, porque entre sus colaboradores hay quienes del tema saben, y podrían ayudarlo a entenderlo.
Que hay inseguridad no es novedoso; no hace falta tener ninguna bola de cristal para ver lo que cualquier pilarense “de a pie” (y los que sólo ven a Pilar desde la autopista) vive en carne propia; nos despedimos cada mañana de nuestro seres queridos con la duda de no saber si la violencia cotidiana permitirá que nos volvamos a encontrar sanos y salvos por la noche.
Los expertos que en el mundo trabajan sobre la cuestión de la criminalidad reconocen desde hace décadas la relación que existe entre las condiciones socio-económicas y el crimen. También se sabe que la tasa de criminalidad disminuye de la mano con la inequidad; dos cuestiones son fundamentales determinantes de la criminalidad: la existencia de condiciones disuasivas y las penas que se establecen para quienes violan la ley. Es decir que quien analiza cometer un delito -aunque no lo pueda "racionalizar" con claridad- piensa tanto en el riesgo de ser capturado como en la penalización que le correspondería en caso de ser aprehendido. Sobre éste último aspecto, no es mucho lo que se puede hacer desde un gobierno municipal, puesto que las leyes penales no se elaboran desde el Concejo Deliberante (por fortuna). Pero sobre la cuestión de las condiciones que disuaden el delito, el municipio tiene todo por hacer: desmalezar, iluminar, hacer que funcione con eficacia el servicio de trasporte público de colectivos, el de recolección de residuos, de salud, y así siguiendo. En síntesis, gobernar con equidad.
Lamentablemente, el intendente se muestra "preocupado" por la inseguridad, pero no “ocupado". Parecería que las más de las veces se lo encuentra trabajando para que el camino de la delincuencia esté libre de obstáculos; como con la situación que generó a partir de la creación del denominado "corredor nocturno", que hoy por hoy es un desierto de día, y un descontrol de noche. La ausencia del Estado logró que en las calles de Villa Delia, el barrio pilarense más afectado por la movida nocturna, los robos sean cosa de todos los días; a la tragedia de no poder descansar de noche por los ruidos molestos, se agrega ahora la inseguridad de no poder alejarse de sus hogares durante el día por miedo a volver y encontrarlos saqueados.
A tres años de gobierno, y a uno de finalizar su mandato, el intendente Zúccaro consolida un estilo de gestión: tantos anuncios y promesas como sean posibles, tan poca gestión como sea necesaria; sólo la suficiente para poder contrarrestar los reclamos de los vecinos.
Es una pena: mientras el tren del progreso con equidad para nuestro distrito nos está pasando por delante de los ojos, el intendente se empecina y nos propone viajar en el carro desvencijado de la vieja política. Una pena.
Pálpito Oficial
(EL DIARIO REGIONAL, 12/12/2006) Al cumplirse hoy tres años de la asunción como Intendente de Humberto Zúccaro, es poco lo que hay para festejar. Sobre todo en lo referido a las preocupaciones más graves de la sociedad, como la inseguridad, la salud o el transporte.
Sobre la primera de ellas, la inseguridad, el alcalde confesó hace unos días tener el “pálpito” de que iba a aumentar. Su afirmación responde a una estrategia que de tan conocida no debería asombrarnos, o al menos, no debería hacerlo al punto de merecer la tapa de los diarios: consiste en anunciar siempre lo peor; si finalmente sucede el mal anunciado, el pájaro de mal agüero se llevará la gloria de haberlo predicho; y si nada ocurre, todos estarán tan aliviados que a nadie se le ocurrirá enrostrarle al visionario lo desacertado de su pronóstico.
Así las cosas, ¿qué deberíamos hacer nosotros como eventuales víctimas de la premonición gubernamental?; primero —y esta es una regla de oro— desconfiar de su verosimilitud; ¿porqué el intendente dijo lo que dijo? ¿en qué información se basó para llegar a tan temeraria afirmación? ¿porqué unos días después de su anuncio se preocupó en aclarar que la seguridad del distrito "depende de la policía de la Provincia de Buenos Aires”?.
Segundo, debemos exigir que los funcionarios públicos sean responsables y conozcan los problemas sobre los que toman decisiones.
Parecería que como de costumbre —y principalmente en materia de seguridad— Zúccaro habla sin saber lo que dice; y es una pena, porque entre sus colaboradores hay quienes del tema saben, y podrían ayudarlo a entenderlo.
Que hay inseguridad no es novedoso; no hace falta tener ninguna bola de cristal para ver lo que cualquier pilarense “de a pie” (y los que sólo ven a Pilar desde la autopista) vive en carne propia; nos despedimos cada mañana de nuestro seres queridos con la duda de no saber si la violencia cotidiana permitirá que nos volvamos a encontrar sanos y salvos por la noche.
Los expertos que en el mundo trabajan sobre la cuestión de la criminalidad reconocen desde hace décadas la relación que existe entre las condiciones socio-económicas y el crimen. También se sabe que la tasa de criminalidad disminuye de la mano con la inequidad; dos cuestiones son fundamentales determinantes de la criminalidad: la existencia de condiciones disuasivas y las penas que se establecen para quienes violan la ley. Es decir que quien analiza cometer un delito -aunque no lo pueda "racionalizar" con claridad- piensa tanto en el riesgo de ser capturado como en la penalización que le correspondería en caso de ser aprehendido. Sobre éste último aspecto, no es mucho lo que se puede hacer desde un gobierno municipal, puesto que las leyes penales no se elaboran desde el Concejo Deliberante (por fortuna). Pero sobre la cuestión de las condiciones que disuaden el delito, el municipio tiene todo por hacer: desmalezar, iluminar, hacer que funcione con eficacia el servicio de trasporte público de colectivos, el de recolección de residuos, de salud, y así siguiendo. En síntesis, gobernar con equidad.
Lamentablemente, el intendente se muestra "preocupado" por la inseguridad, pero no “ocupado". Parecería que las más de las veces se lo encuentra trabajando para que el camino de la delincuencia esté libre de obstáculos; como con la situación que generó a partir de la creación del denominado "corredor nocturno", que hoy por hoy es un desierto de día, y un descontrol de noche. La ausencia del Estado logró que en las calles de Villa Delia, el barrio pilarense más afectado por la movida nocturna, los robos sean cosa de todos los días; a la tragedia de no poder descansar de noche por los ruidos molestos, se agrega ahora la inseguridad de no poder alejarse de sus hogares durante el día por miedo a volver y encontrarlos saqueados.
A tres años de gobierno, y a uno de finalizar su mandato, el intendente Zúccaro consolida un estilo de gestión: tantos anuncios y promesas como sean posibles, tan poca gestión como sea necesaria; sólo la suficiente para poder contrarrestar los reclamos de los vecinos.
Es una pena: mientras el tren del progreso con equidad para nuestro distrito nos está pasando por delante de los ojos, el intendente se empecina y nos propone viajar en el carro desvencijado de la vieja política. Una pena.
Sobre la primera de ellas, la inseguridad, el alcalde confesó hace unos días tener el “pálpito” de que iba a aumentar. Su afirmación responde a una estrategia que de tan conocida no debería asombrarnos, o al menos, no debería hacerlo al punto de merecer la tapa de los diarios: consiste en anunciar siempre lo peor; si finalmente sucede el mal anunciado, el pájaro de mal agüero se llevará la gloria de haberlo predicho; y si nada ocurre, todos estarán tan aliviados que a nadie se le ocurrirá enrostrarle al visionario lo desacertado de su pronóstico.
Así las cosas, ¿qué deberíamos hacer nosotros como eventuales víctimas de la premonición gubernamental?; primero —y esta es una regla de oro— desconfiar de su verosimilitud; ¿porqué el intendente dijo lo que dijo? ¿en qué información se basó para llegar a tan temeraria afirmación? ¿porqué unos días después de su anuncio se preocupó en aclarar que la seguridad del distrito "depende de la policía de la Provincia de Buenos Aires”?.
Segundo, debemos exigir que los funcionarios públicos sean responsables y conozcan los problemas sobre los que toman decisiones.
Parecería que como de costumbre —y principalmente en materia de seguridad— Zúccaro habla sin saber lo que dice; y es una pena, porque entre sus colaboradores hay quienes del tema saben, y podrían ayudarlo a entenderlo.
Que hay inseguridad no es novedoso; no hace falta tener ninguna bola de cristal para ver lo que cualquier pilarense “de a pie” (y los que sólo ven a Pilar desde la autopista) vive en carne propia; nos despedimos cada mañana de nuestro seres queridos con la duda de no saber si la violencia cotidiana permitirá que nos volvamos a encontrar sanos y salvos por la noche.
Los expertos que en el mundo trabajan sobre la cuestión de la criminalidad reconocen desde hace décadas la relación que existe entre las condiciones socio-económicas y el crimen. También se sabe que la tasa de criminalidad disminuye de la mano con la inequidad; dos cuestiones son fundamentales determinantes de la criminalidad: la existencia de condiciones disuasivas y las penas que se establecen para quienes violan la ley. Es decir que quien analiza cometer un delito -aunque no lo pueda "racionalizar" con claridad- piensa tanto en el riesgo de ser capturado como en la penalización que le correspondería en caso de ser aprehendido. Sobre éste último aspecto, no es mucho lo que se puede hacer desde un gobierno municipal, puesto que las leyes penales no se elaboran desde el Concejo Deliberante (por fortuna). Pero sobre la cuestión de las condiciones que disuaden el delito, el municipio tiene todo por hacer: desmalezar, iluminar, hacer que funcione con eficacia el servicio de trasporte público de colectivos, el de recolección de residuos, de salud, y así siguiendo. En síntesis, gobernar con equidad.
Lamentablemente, el intendente se muestra "preocupado" por la inseguridad, pero no “ocupado". Parecería que las más de las veces se lo encuentra trabajando para que el camino de la delincuencia esté libre de obstáculos; como con la situación que generó a partir de la creación del denominado "corredor nocturno", que hoy por hoy es un desierto de día, y un descontrol de noche. La ausencia del Estado logró que en las calles de Villa Delia, el barrio pilarense más afectado por la movida nocturna, los robos sean cosa de todos los días; a la tragedia de no poder descansar de noche por los ruidos molestos, se agrega ahora la inseguridad de no poder alejarse de sus hogares durante el día por miedo a volver y encontrarlos saqueados.
A tres años de gobierno, y a uno de finalizar su mandato, el intendente Zúccaro consolida un estilo de gestión: tantos anuncios y promesas como sean posibles, tan poca gestión como sea necesaria; sólo la suficiente para poder contrarrestar los reclamos de los vecinos.
Es una pena: mientras el tren del progreso con equidad para nuestro distrito nos está pasando por delante de los ojos, el intendente se empecina y nos propone viajar en el carro desvencijado de la vieja política. Una pena.
Pálpito Oficial
(EL DIARIO REGIONAL, 12/12/2006) Al cumplirse hoy tres años de la asunción como Intendente de Humberto Zúccaro, es poco lo que hay para festejar. Sobre todo en lo referido a las preocupaciones más graves de la sociedad, como la inseguridad, la salud o el transporte.
Sobre la primera de ellas, la inseguridad, el alcalde confesó hace unos días tener el “pálpito” de que iba a aumentar. Su afirmación responde a una estrategia que de tan conocida no debería asombrarnos, o al menos, no debería hacerlo al punto de merecer la tapa de los diarios: consiste en anunciar siempre lo peor; si finalmente sucede el mal anunciado, el pájaro de mal agüero se llevará la gloria de haberlo predicho; y si nada ocurre, todos estarán tan aliviados que a nadie se le ocurrirá enrostrarle al visionario lo desacertado de su pronóstico.
Así las cosas, ¿qué deberíamos hacer nosotros como eventuales víctimas de la premonición gubernamental?; primero —y esta es una regla de oro— desconfiar de su verosimilitud; ¿porqué el intendente dijo lo que dijo? ¿en qué información se basó para llegar a tan temeraria afirmación? ¿porqué unos días después de su anuncio se preocupó en aclarar que la seguridad del distrito "depende de la policía de la Provincia de Buenos Aires”?.
Segundo, debemos exigir que los funcionarios públicos sean responsables y conozcan los problemas sobre los que toman decisiones.
Parecería que como de costumbre —y principalmente en materia de seguridad— Zúccaro habla sin saber lo que dice; y es una pena, porque entre sus colaboradores hay quienes del tema saben, y podrían ayudarlo a entenderlo.
Que hay inseguridad no es novedoso; no hace falta tener ninguna bola de cristal para ver lo que cualquier pilarense “de a pie” (y los que sólo ven a Pilar desde la autopista) vive en carne propia; nos despedimos cada mañana de nuestro seres queridos con la duda de no saber si la violencia cotidiana permitirá que nos volvamos a encontrar sanos y salvos por la noche.
Los expertos que en el mundo trabajan sobre la cuestión de la criminalidad reconocen desde hace décadas la relación que existe entre las condiciones socio-económicas y el crimen. También se sabe que la tasa de criminalidad disminuye de la mano con la inequidad; dos cuestiones son fundamentales determinantes de la criminalidad: la existencia de condiciones disuasivas y las penas que se establecen para quienes violan la ley. Es decir que quien analiza cometer un delito -aunque no lo pueda "racionalizar" con claridad- piensa tanto en el riesgo de ser capturado como en la penalización que le correspondería en caso de ser aprehendido. Sobre éste último aspecto, no es mucho lo que se puede hacer desde un gobierno municipal, puesto que las leyes penales no se elaboran desde el Concejo Deliberante (por fortuna). Pero sobre la cuestión de las condiciones que disuaden el delito, el municipio tiene todo por hacer: desmalezar, iluminar, hacer que funcione con eficacia el servicio de trasporte público de colectivos, el de recolección de residuos, de salud, y así siguiendo. En síntesis, gobernar con equidad.
Lamentablemente, el intendente se muestra "preocupado" por la inseguridad, pero no “ocupado". Parecería que las más de las veces se lo encuentra trabajando para que el camino de la delincuencia esté libre de obstáculos; como con la situación que generó a partir de la creación del denominado "corredor nocturno", que hoy por hoy es un desierto de día, y un descontrol de noche. La ausencia del Estado logró que en las calles de Villa Delia, el barrio pilarense más afectado por la movida nocturna, los robos sean cosa de todos los días; a la tragedia de no poder descansar de noche por los ruidos molestos, se agrega ahora la inseguridad de no poder alejarse de sus hogares durante el día por miedo a volver y encontrarlos saqueados.
A tres años de gobierno, y a uno de finalizar su mandato, el intendente Zúccaro consolida un estilo de gestión: tantos anuncios y promesas como sean posibles, tan poca gestión como sea necesaria; sólo la suficiente para poder contrarrestar los reclamos de los vecinos.
Es una pena: mientras el tren del progreso con equidad para nuestro distrito nos está pasando por delante de los ojos, el intendente se empecina y nos propone viajar en el carro desvencijado de la vieja política. Una pena.
Sobre la primera de ellas, la inseguridad, el alcalde confesó hace unos días tener el “pálpito” de que iba a aumentar. Su afirmación responde a una estrategia que de tan conocida no debería asombrarnos, o al menos, no debería hacerlo al punto de merecer la tapa de los diarios: consiste en anunciar siempre lo peor; si finalmente sucede el mal anunciado, el pájaro de mal agüero se llevará la gloria de haberlo predicho; y si nada ocurre, todos estarán tan aliviados que a nadie se le ocurrirá enrostrarle al visionario lo desacertado de su pronóstico.
Así las cosas, ¿qué deberíamos hacer nosotros como eventuales víctimas de la premonición gubernamental?; primero —y esta es una regla de oro— desconfiar de su verosimilitud; ¿porqué el intendente dijo lo que dijo? ¿en qué información se basó para llegar a tan temeraria afirmación? ¿porqué unos días después de su anuncio se preocupó en aclarar que la seguridad del distrito "depende de la policía de la Provincia de Buenos Aires”?.
Segundo, debemos exigir que los funcionarios públicos sean responsables y conozcan los problemas sobre los que toman decisiones.
Parecería que como de costumbre —y principalmente en materia de seguridad— Zúccaro habla sin saber lo que dice; y es una pena, porque entre sus colaboradores hay quienes del tema saben, y podrían ayudarlo a entenderlo.
Que hay inseguridad no es novedoso; no hace falta tener ninguna bola de cristal para ver lo que cualquier pilarense “de a pie” (y los que sólo ven a Pilar desde la autopista) vive en carne propia; nos despedimos cada mañana de nuestro seres queridos con la duda de no saber si la violencia cotidiana permitirá que nos volvamos a encontrar sanos y salvos por la noche.
Los expertos que en el mundo trabajan sobre la cuestión de la criminalidad reconocen desde hace décadas la relación que existe entre las condiciones socio-económicas y el crimen. También se sabe que la tasa de criminalidad disminuye de la mano con la inequidad; dos cuestiones son fundamentales determinantes de la criminalidad: la existencia de condiciones disuasivas y las penas que se establecen para quienes violan la ley. Es decir que quien analiza cometer un delito -aunque no lo pueda "racionalizar" con claridad- piensa tanto en el riesgo de ser capturado como en la penalización que le correspondería en caso de ser aprehendido. Sobre éste último aspecto, no es mucho lo que se puede hacer desde un gobierno municipal, puesto que las leyes penales no se elaboran desde el Concejo Deliberante (por fortuna). Pero sobre la cuestión de las condiciones que disuaden el delito, el municipio tiene todo por hacer: desmalezar, iluminar, hacer que funcione con eficacia el servicio de trasporte público de colectivos, el de recolección de residuos, de salud, y así siguiendo. En síntesis, gobernar con equidad.
Lamentablemente, el intendente se muestra "preocupado" por la inseguridad, pero no “ocupado". Parecería que las más de las veces se lo encuentra trabajando para que el camino de la delincuencia esté libre de obstáculos; como con la situación que generó a partir de la creación del denominado "corredor nocturno", que hoy por hoy es un desierto de día, y un descontrol de noche. La ausencia del Estado logró que en las calles de Villa Delia, el barrio pilarense más afectado por la movida nocturna, los robos sean cosa de todos los días; a la tragedia de no poder descansar de noche por los ruidos molestos, se agrega ahora la inseguridad de no poder alejarse de sus hogares durante el día por miedo a volver y encontrarlos saqueados.
A tres años de gobierno, y a uno de finalizar su mandato, el intendente Zúccaro consolida un estilo de gestión: tantos anuncios y promesas como sean posibles, tan poca gestión como sea necesaria; sólo la suficiente para poder contrarrestar los reclamos de los vecinos.
Es una pena: mientras el tren del progreso con equidad para nuestro distrito nos está pasando por delante de los ojos, el intendente se empecina y nos propone viajar en el carro desvencijado de la vieja política. Una pena.
Pálpito Oficial
(EL DIARIO REGIONAL, 12/12/2006) Al cumplirse hoy tres años de la asunción como Intendente de Humberto Zúccaro, es poco lo que hay para festejar. Sobre todo en lo referido a las preocupaciones más graves de la sociedad, como la inseguridad, la salud o el transporte.
Sobre la primera de ellas, la inseguridad, el alcalde confesó hace unos días tener el “pálpito” de que iba a aumentar. Su afirmación responde a una estrategia que de tan conocida no debería asombrarnos, o al menos, no debería hacerlo al punto de merecer la tapa de los diarios: consiste en anunciar siempre lo peor; si finalmente sucede el mal anunciado, el pájaro de mal agüero se llevará la gloria de haberlo predicho; y si nada ocurre, todos estarán tan aliviados que a nadie se le ocurrirá enrostrarle al visionario lo desacertado de su pronóstico.
Así las cosas, ¿qué deberíamos hacer nosotros como eventuales víctimas de la premonición gubernamental?; primero —y esta es una regla de oro— desconfiar de su verosimilitud; ¿porqué el intendente dijo lo que dijo? ¿en qué información se basó para llegar a tan temeraria afirmación? ¿porqué unos días después de su anuncio se preocupó en aclarar que la seguridad del distrito "depende de la policía de la Provincia de Buenos Aires”?.
Segundo, debemos exigir que los funcionarios públicos sean responsables y conozcan los problemas sobre los que toman decisiones.
Parecería que como de costumbre —y principalmente en materia de seguridad— Zúccaro habla sin saber lo que dice; y es una pena, porque entre sus colaboradores hay quienes del tema saben, y podrían ayudarlo a entenderlo.
Que hay inseguridad no es novedoso; no hace falta tener ninguna bola de cristal para ver lo que cualquier pilarense “de a pie” (y los que sólo ven a Pilar desde la autopista) vive en carne propia; nos despedimos cada mañana de nuestro seres queridos con la duda de no saber si la violencia cotidiana permitirá que nos volvamos a encontrar sanos y salvos por la noche.
Los expertos que en el mundo trabajan sobre la cuestión de la criminalidad reconocen desde hace décadas la relación que existe entre las condiciones socio-económicas y el crimen. También se sabe que la tasa de criminalidad disminuye de la mano con la inequidad; dos cuestiones son fundamentales determinantes de la criminalidad: la existencia de condiciones disuasivas y las penas que se establecen para quienes violan la ley. Es decir que quien analiza cometer un delito -aunque no lo pueda "racionalizar" con claridad- piensa tanto en el riesgo de ser capturado como en la penalización que le correspondería en caso de ser aprehendido. Sobre éste último aspecto, no es mucho lo que se puede hacer desde un gobierno municipal, puesto que las leyes penales no se elaboran desde el Concejo Deliberante (por fortuna). Pero sobre la cuestión de las condiciones que disuaden el delito, el municipio tiene todo por hacer: desmalezar, iluminar, hacer que funcione con eficacia el servicio de trasporte público de colectivos, el de recolección de residuos, de salud, y así siguiendo. En síntesis, gobernar con equidad.
Lamentablemente, el intendente se muestra "preocupado" por la inseguridad, pero no “ocupado". Parecería que las más de las veces se lo encuentra trabajando para que el camino de la delincuencia esté libre de obstáculos; como con la situación que generó a partir de la creación del denominado "corredor nocturno", que hoy por hoy es un desierto de día, y un descontrol de noche. La ausencia del Estado logró que en las calles de Villa Delia, el barrio pilarense más afectado por la movida nocturna, los robos sean cosa de todos los días; a la tragedia de no poder descansar de noche por los ruidos molestos, se agrega ahora la inseguridad de no poder alejarse de sus hogares durante el día por miedo a volver y encontrarlos saqueados.
A tres años de gobierno, y a uno de finalizar su mandato, el intendente Zúccaro consolida un estilo de gestión: tantos anuncios y promesas como sean posibles, tan poca gestión como sea necesaria; sólo la suficiente para poder contrarrestar los reclamos de los vecinos.
Es una pena: mientras el tren del progreso con equidad para nuestro distrito nos está pasando por delante de los ojos, el intendente se empecina y nos propone viajar en el carro desvencijado de la vieja política. Una pena.
Sobre la primera de ellas, la inseguridad, el alcalde confesó hace unos días tener el “pálpito” de que iba a aumentar. Su afirmación responde a una estrategia que de tan conocida no debería asombrarnos, o al menos, no debería hacerlo al punto de merecer la tapa de los diarios: consiste en anunciar siempre lo peor; si finalmente sucede el mal anunciado, el pájaro de mal agüero se llevará la gloria de haberlo predicho; y si nada ocurre, todos estarán tan aliviados que a nadie se le ocurrirá enrostrarle al visionario lo desacertado de su pronóstico.
Así las cosas, ¿qué deberíamos hacer nosotros como eventuales víctimas de la premonición gubernamental?; primero —y esta es una regla de oro— desconfiar de su verosimilitud; ¿porqué el intendente dijo lo que dijo? ¿en qué información se basó para llegar a tan temeraria afirmación? ¿porqué unos días después de su anuncio se preocupó en aclarar que la seguridad del distrito "depende de la policía de la Provincia de Buenos Aires”?.
Segundo, debemos exigir que los funcionarios públicos sean responsables y conozcan los problemas sobre los que toman decisiones.
Parecería que como de costumbre —y principalmente en materia de seguridad— Zúccaro habla sin saber lo que dice; y es una pena, porque entre sus colaboradores hay quienes del tema saben, y podrían ayudarlo a entenderlo.
Que hay inseguridad no es novedoso; no hace falta tener ninguna bola de cristal para ver lo que cualquier pilarense “de a pie” (y los que sólo ven a Pilar desde la autopista) vive en carne propia; nos despedimos cada mañana de nuestro seres queridos con la duda de no saber si la violencia cotidiana permitirá que nos volvamos a encontrar sanos y salvos por la noche.
Los expertos que en el mundo trabajan sobre la cuestión de la criminalidad reconocen desde hace décadas la relación que existe entre las condiciones socio-económicas y el crimen. También se sabe que la tasa de criminalidad disminuye de la mano con la inequidad; dos cuestiones son fundamentales determinantes de la criminalidad: la existencia de condiciones disuasivas y las penas que se establecen para quienes violan la ley. Es decir que quien analiza cometer un delito -aunque no lo pueda "racionalizar" con claridad- piensa tanto en el riesgo de ser capturado como en la penalización que le correspondería en caso de ser aprehendido. Sobre éste último aspecto, no es mucho lo que se puede hacer desde un gobierno municipal, puesto que las leyes penales no se elaboran desde el Concejo Deliberante (por fortuna). Pero sobre la cuestión de las condiciones que disuaden el delito, el municipio tiene todo por hacer: desmalezar, iluminar, hacer que funcione con eficacia el servicio de trasporte público de colectivos, el de recolección de residuos, de salud, y así siguiendo. En síntesis, gobernar con equidad.
Lamentablemente, el intendente se muestra "preocupado" por la inseguridad, pero no “ocupado". Parecería que las más de las veces se lo encuentra trabajando para que el camino de la delincuencia esté libre de obstáculos; como con la situación que generó a partir de la creación del denominado "corredor nocturno", que hoy por hoy es un desierto de día, y un descontrol de noche. La ausencia del Estado logró que en las calles de Villa Delia, el barrio pilarense más afectado por la movida nocturna, los robos sean cosa de todos los días; a la tragedia de no poder descansar de noche por los ruidos molestos, se agrega ahora la inseguridad de no poder alejarse de sus hogares durante el día por miedo a volver y encontrarlos saqueados.
A tres años de gobierno, y a uno de finalizar su mandato, el intendente Zúccaro consolida un estilo de gestión: tantos anuncios y promesas como sean posibles, tan poca gestión como sea necesaria; sólo la suficiente para poder contrarrestar los reclamos de los vecinos.
Es una pena: mientras el tren del progreso con equidad para nuestro distrito nos está pasando por delante de los ojos, el intendente se empecina y nos propone viajar en el carro desvencijado de la vieja política. Una pena.
miércoles, 1 de noviembre de 2006
Gobierno bifronte
(EL DIARIO REGIONAL, 01/11/2006) En la mitología romana Jano era un dios que tenía dos caras. Era el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Por eso le fue consagrado el primer mes del año, Enero. Habitualmente se lo representa bifronte, esto es, con las dos caras mirando en sentidos opuestos.
Dos Caras
Desde arriba de un escenario, o frente a un micrófono o una cámara, el Intendente Humberto Zúccaro habla de las tremendas desigualdades de Pilar, de la importancia de trabajar para brindarle oportunidades a los menos favorecidos de nuestra sociedad. Cuando se baja, habla de cosas bien distintas. Y el intendente que interesa no es ciertamente el de arriba; es definitivamente el de abajo. Abajo habla con su secretario de salud para ordenarle que salga a decir que somos un distrito pobre, y que no hay posibilidades de mejorar los ingresos de quienes trabajan en la salud pública. Habla con el jefe de la bancada oficialista del Concejo Deliberante, para que arremeta contra los médicos que piden mejores condiciones edilicias y salariales. Habla con su secretario de hacienda, para que gaste miles de pesos de un “distrito pobre” en publicar que los médicos ganan demasiado, que se quejan “de llenos”.
En julio de 2004, El Diario Regional le preguntó al intendente cuál era el problema que más le preocupaba: “La salud”, dijo un Zúccaro categórico, y prosiguió: “Haber tomando el comando en el área de salud, haber hecho el proceso de descentralización, la puesta en marcha de los hospitales, trabajar para revertir la deshumanización que a veces hay en el personal… y reforzar la atención primaria para que las salas sean centros de contención y no se formen cuellos de botella al llegar al hospital”.
Por esos mismos días se le preguntó al Presidente del HCD Marcelo Castillo cómo veía la reforma del sistema de salud desde el deliberativo: “Como presidente del concejo deliberante, apoyamos fervientemente las políticas sanitarias que se llevan a cabo desde la comuna, porque el hecho de que el intendente sea médico, yo sea médico, y los médicos que nos acompañan, probablemente tengamos mayor obligación que si no lo fuéramos, de poner énfasis en la salud…”. Claro que esto fue dicho por Castillo frente a un micrófono y hace años. La semana pasada, en el salón de sesiones del Concejo, en cambio, aprobó la estrategia de “matar al mensajero”: si en el gobierno no hay capacidad o compromiso para resolver la cuestión del Hospital, creerán que es mejor que los médicos que reclaman sientan la respiración en la nuca, así quizás algunos dejen de protestar frente a las cámaras de televisión, y Pilar vuelva a mostrarse como la capital del polo.
Algo hay
El SAMO, creado por un decreto ley del año 1977, prevé destinar un 40 por ciento de lo recaudado en los hospitales públicos que prestan servicios de salud a afiliados a obras sociales para la compra de insumos, mantenimiento y bienes de capital; un 50 por ciento para el pago de adicionales y bonificaciones al personal de esos mismos hospitales, mientras que el 10 por ciento restante va a parar a un fondo especial que maneja el Ministerio de Salud.
El gobierno de Sergio Bivort, ese al que Zúccaro acusa de haberle dejado “la pesada herencia”, fue el que comenzó a pagar ese beneficio. Tres años después, el gobierno del médico que “vino para curar a Pilar”, se los quitó.
Mientras tanto, el dinero que se recibe de las obras sociales se sigue acumulando en una cuenta especial del Banco Provincia. De poco más de 150 mil pesos de saldo a junio de 2005, la cuenta pasó en un año a más de medio millón de pesos. Ni un centavo fue a parar al bolsillo de quienes trabajan en el sistema de salud público pilarense. Y aunque el Secretario de Salud Pazzi Plá diga que él de números no entiende, y que “ese tema” lo deja en manos del secretario de hacienda Daniel Ondarza, un sencillo cálculo aritmético permite comprobar que el 50% de esa cifra hubiera alcanzado para otorgarles una suma fija remunerativa mensual de más de 100 pesos a todos los empleados (médicos, administrativos y técnicos) que trabajan en los hospitales municipales.
Jano es el dios de los cambios y las transiciones, de los momentos en los que se traspasa el umbral que separa el pasado y el futuro. El gobierno de Zúccaro se parece mucho al dios Jano por sus dos caras, una de dichos y promesas, y otra de acciones. Pero en cuanto a la característica de ser el dios de los cambios, no hay nada que comparar.
Dos Caras
Desde arriba de un escenario, o frente a un micrófono o una cámara, el Intendente Humberto Zúccaro habla de las tremendas desigualdades de Pilar, de la importancia de trabajar para brindarle oportunidades a los menos favorecidos de nuestra sociedad. Cuando se baja, habla de cosas bien distintas. Y el intendente que interesa no es ciertamente el de arriba; es definitivamente el de abajo. Abajo habla con su secretario de salud para ordenarle que salga a decir que somos un distrito pobre, y que no hay posibilidades de mejorar los ingresos de quienes trabajan en la salud pública. Habla con el jefe de la bancada oficialista del Concejo Deliberante, para que arremeta contra los médicos que piden mejores condiciones edilicias y salariales. Habla con su secretario de hacienda, para que gaste miles de pesos de un “distrito pobre” en publicar que los médicos ganan demasiado, que se quejan “de llenos”.
En julio de 2004, El Diario Regional le preguntó al intendente cuál era el problema que más le preocupaba: “La salud”, dijo un Zúccaro categórico, y prosiguió: “Haber tomando el comando en el área de salud, haber hecho el proceso de descentralización, la puesta en marcha de los hospitales, trabajar para revertir la deshumanización que a veces hay en el personal… y reforzar la atención primaria para que las salas sean centros de contención y no se formen cuellos de botella al llegar al hospital”.
Por esos mismos días se le preguntó al Presidente del HCD Marcelo Castillo cómo veía la reforma del sistema de salud desde el deliberativo: “Como presidente del concejo deliberante, apoyamos fervientemente las políticas sanitarias que se llevan a cabo desde la comuna, porque el hecho de que el intendente sea médico, yo sea médico, y los médicos que nos acompañan, probablemente tengamos mayor obligación que si no lo fuéramos, de poner énfasis en la salud…”. Claro que esto fue dicho por Castillo frente a un micrófono y hace años. La semana pasada, en el salón de sesiones del Concejo, en cambio, aprobó la estrategia de “matar al mensajero”: si en el gobierno no hay capacidad o compromiso para resolver la cuestión del Hospital, creerán que es mejor que los médicos que reclaman sientan la respiración en la nuca, así quizás algunos dejen de protestar frente a las cámaras de televisión, y Pilar vuelva a mostrarse como la capital del polo.
Algo hay
El SAMO, creado por un decreto ley del año 1977, prevé destinar un 40 por ciento de lo recaudado en los hospitales públicos que prestan servicios de salud a afiliados a obras sociales para la compra de insumos, mantenimiento y bienes de capital; un 50 por ciento para el pago de adicionales y bonificaciones al personal de esos mismos hospitales, mientras que el 10 por ciento restante va a parar a un fondo especial que maneja el Ministerio de Salud.
El gobierno de Sergio Bivort, ese al que Zúccaro acusa de haberle dejado “la pesada herencia”, fue el que comenzó a pagar ese beneficio. Tres años después, el gobierno del médico que “vino para curar a Pilar”, se los quitó.
Mientras tanto, el dinero que se recibe de las obras sociales se sigue acumulando en una cuenta especial del Banco Provincia. De poco más de 150 mil pesos de saldo a junio de 2005, la cuenta pasó en un año a más de medio millón de pesos. Ni un centavo fue a parar al bolsillo de quienes trabajan en el sistema de salud público pilarense. Y aunque el Secretario de Salud Pazzi Plá diga que él de números no entiende, y que “ese tema” lo deja en manos del secretario de hacienda Daniel Ondarza, un sencillo cálculo aritmético permite comprobar que el 50% de esa cifra hubiera alcanzado para otorgarles una suma fija remunerativa mensual de más de 100 pesos a todos los empleados (médicos, administrativos y técnicos) que trabajan en los hospitales municipales.
Jano es el dios de los cambios y las transiciones, de los momentos en los que se traspasa el umbral que separa el pasado y el futuro. El gobierno de Zúccaro se parece mucho al dios Jano por sus dos caras, una de dichos y promesas, y otra de acciones. Pero en cuanto a la característica de ser el dios de los cambios, no hay nada que comparar.
Gobierno bifronte
(EL DIARIO REGIONAL, 01/11/2006) En la mitología romana Jano era un dios que tenía dos caras. Era el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Por eso le fue consagrado el primer mes del año, Enero. Habitualmente se lo representa bifronte, esto es, con las dos caras mirando en sentidos opuestos.
Dos Caras
Desde arriba de un escenario, o frente a un micrófono o una cámara, el Intendente Humberto Zúccaro habla de las tremendas desigualdades de Pilar, de la importancia de trabajar para brindarle oportunidades a los menos favorecidos de nuestra sociedad. Cuando se baja, habla de cosas bien distintas. Y el intendente que interesa no es ciertamente el de arriba; es definitivamente el de abajo. Abajo habla con su secretario de salud para ordenarle que salga a decir que somos un distrito pobre, y que no hay posibilidades de mejorar los ingresos de quienes trabajan en la salud pública. Habla con el jefe de la bancada oficialista del Concejo Deliberante, para que arremeta contra los médicos que piden mejores condiciones edilicias y salariales. Habla con su secretario de hacienda, para que gaste miles de pesos de un “distrito pobre” en publicar que los médicos ganan demasiado, que se quejan “de llenos”.
En julio de 2004, El Diario Regional le preguntó al intendente cuál era el problema que más le preocupaba: “La salud”, dijo un Zúccaro categórico, y prosiguió: “Haber tomando el comando en el área de salud, haber hecho el proceso de descentralización, la puesta en marcha de los hospitales, trabajar para revertir la deshumanización que a veces hay en el personal… y reforzar la atención primaria para que las salas sean centros de contención y no se formen cuellos de botella al llegar al hospital”.
Por esos mismos días se le preguntó al Presidente del HCD Marcelo Castillo cómo veía la reforma del sistema de salud desde el deliberativo: “Como presidente del concejo deliberante, apoyamos fervientemente las políticas sanitarias que se llevan a cabo desde la comuna, porque el hecho de que el intendente sea médico, yo sea médico, y los médicos que nos acompañan, probablemente tengamos mayor obligación que si no lo fuéramos, de poner énfasis en la salud…”. Claro que esto fue dicho por Castillo frente a un micrófono y hace años. La semana pasada, en el salón de sesiones del Concejo, en cambio, aprobó la estrategia de “matar al mensajero”: si en el gobierno no hay capacidad o compromiso para resolver la cuestión del Hospital, creerán que es mejor que los médicos que reclaman sientan la respiración en la nuca, así quizás algunos dejen de protestar frente a las cámaras de televisión, y Pilar vuelva a mostrarse como la capital del polo.
Algo hay
El SAMO, creado por un decreto ley del año 1977, prevé destinar un 40 por ciento de lo recaudado en los hospitales públicos que prestan servicios de salud a afiliados a obras sociales para la compra de insumos, mantenimiento y bienes de capital; un 50 por ciento para el pago de adicionales y bonificaciones al personal de esos mismos hospitales, mientras que el 10 por ciento restante va a parar a un fondo especial que maneja el Ministerio de Salud.
El gobierno de Sergio Bivort, ese al que Zúccaro acusa de haberle dejado “la pesada herencia”, fue el que comenzó a pagar ese beneficio. Tres años después, el gobierno del médico que “vino para curar a Pilar”, se los quitó.
Mientras tanto, el dinero que se recibe de las obras sociales se sigue acumulando en una cuenta especial del Banco Provincia. De poco más de 150 mil pesos de saldo a junio de 2005, la cuenta pasó en un año a más de medio millón de pesos. Ni un centavo fue a parar al bolsillo de quienes trabajan en el sistema de salud público pilarense. Y aunque el Secretario de Salud Pazzi Plá diga que él de números no entiende, y que “ese tema” lo deja en manos del secretario de hacienda Daniel Ondarza, un sencillo cálculo aritmético permite comprobar que el 50% de esa cifra hubiera alcanzado para otorgarles una suma fija remunerativa mensual de más de 100 pesos a todos los empleados (médicos, administrativos y técnicos) que trabajan en los hospitales municipales.
Jano es el dios de los cambios y las transiciones, de los momentos en los que se traspasa el umbral que separa el pasado y el futuro. El gobierno de Zúccaro se parece mucho al dios Jano por sus dos caras, una de dichos y promesas, y otra de acciones. Pero en cuanto a la característica de ser el dios de los cambios, no hay nada que comparar.
Dos Caras
Desde arriba de un escenario, o frente a un micrófono o una cámara, el Intendente Humberto Zúccaro habla de las tremendas desigualdades de Pilar, de la importancia de trabajar para brindarle oportunidades a los menos favorecidos de nuestra sociedad. Cuando se baja, habla de cosas bien distintas. Y el intendente que interesa no es ciertamente el de arriba; es definitivamente el de abajo. Abajo habla con su secretario de salud para ordenarle que salga a decir que somos un distrito pobre, y que no hay posibilidades de mejorar los ingresos de quienes trabajan en la salud pública. Habla con el jefe de la bancada oficialista del Concejo Deliberante, para que arremeta contra los médicos que piden mejores condiciones edilicias y salariales. Habla con su secretario de hacienda, para que gaste miles de pesos de un “distrito pobre” en publicar que los médicos ganan demasiado, que se quejan “de llenos”.
En julio de 2004, El Diario Regional le preguntó al intendente cuál era el problema que más le preocupaba: “La salud”, dijo un Zúccaro categórico, y prosiguió: “Haber tomando el comando en el área de salud, haber hecho el proceso de descentralización, la puesta en marcha de los hospitales, trabajar para revertir la deshumanización que a veces hay en el personal… y reforzar la atención primaria para que las salas sean centros de contención y no se formen cuellos de botella al llegar al hospital”.
Por esos mismos días se le preguntó al Presidente del HCD Marcelo Castillo cómo veía la reforma del sistema de salud desde el deliberativo: “Como presidente del concejo deliberante, apoyamos fervientemente las políticas sanitarias que se llevan a cabo desde la comuna, porque el hecho de que el intendente sea médico, yo sea médico, y los médicos que nos acompañan, probablemente tengamos mayor obligación que si no lo fuéramos, de poner énfasis en la salud…”. Claro que esto fue dicho por Castillo frente a un micrófono y hace años. La semana pasada, en el salón de sesiones del Concejo, en cambio, aprobó la estrategia de “matar al mensajero”: si en el gobierno no hay capacidad o compromiso para resolver la cuestión del Hospital, creerán que es mejor que los médicos que reclaman sientan la respiración en la nuca, así quizás algunos dejen de protestar frente a las cámaras de televisión, y Pilar vuelva a mostrarse como la capital del polo.
Algo hay
El SAMO, creado por un decreto ley del año 1977, prevé destinar un 40 por ciento de lo recaudado en los hospitales públicos que prestan servicios de salud a afiliados a obras sociales para la compra de insumos, mantenimiento y bienes de capital; un 50 por ciento para el pago de adicionales y bonificaciones al personal de esos mismos hospitales, mientras que el 10 por ciento restante va a parar a un fondo especial que maneja el Ministerio de Salud.
El gobierno de Sergio Bivort, ese al que Zúccaro acusa de haberle dejado “la pesada herencia”, fue el que comenzó a pagar ese beneficio. Tres años después, el gobierno del médico que “vino para curar a Pilar”, se los quitó.
Mientras tanto, el dinero que se recibe de las obras sociales se sigue acumulando en una cuenta especial del Banco Provincia. De poco más de 150 mil pesos de saldo a junio de 2005, la cuenta pasó en un año a más de medio millón de pesos. Ni un centavo fue a parar al bolsillo de quienes trabajan en el sistema de salud público pilarense. Y aunque el Secretario de Salud Pazzi Plá diga que él de números no entiende, y que “ese tema” lo deja en manos del secretario de hacienda Daniel Ondarza, un sencillo cálculo aritmético permite comprobar que el 50% de esa cifra hubiera alcanzado para otorgarles una suma fija remunerativa mensual de más de 100 pesos a todos los empleados (médicos, administrativos y técnicos) que trabajan en los hospitales municipales.
Jano es el dios de los cambios y las transiciones, de los momentos en los que se traspasa el umbral que separa el pasado y el futuro. El gobierno de Zúccaro se parece mucho al dios Jano por sus dos caras, una de dichos y promesas, y otra de acciones. Pero en cuanto a la característica de ser el dios de los cambios, no hay nada que comparar.
domingo, 22 de octubre de 2006
Manto de invisibilidad
(EL DIARIO REGIONAL, 22/10/2006) Esta semana se conoció la noticia de que científicos de la Universidad de Duke hicieron funcionar un «manto de invisibilidad»; se trata de un cilindro dentro del cual los objetos «desaparecen» a la vista del ojo humano, gracias a la utilización de ondas electromagnéticas y de los llamados «metamateriales».
Al incorporar propiedades materiales complejas en la construcción del dispositivo, se logra que parezca haber espacio vacío en donde en realidad hay un objeto concreto. «El ‘manto’ reduce tanto el reflejo como la sombra de un objeto, cualquiera de los cuales permitiría su detección», expresó el doctor David Smith, uno de los científicos que realizaron el experimiento.
Mientras este hallazgo científico se difundía por el mundo, el gobierno de Humberto Zúccaro, sacudido por la campaña que los médicos del Hospital Sanguinetti denominaron «La Salud de Pilar se muere», decidió hechar mano de un recurso similar: intentar tapar todo con un «manto de invisibilidad» y pretender que en donde en realidad hay un hospital en condiciones edilicias francamente inaceptables, por televisión se vea que hay una sala de terapia intensiva modelo, comparable a la de cualquier centro de salud privado. «Qué vergüenza que un Secretario de Salud muestre una terapia intensiva como un logro, con un cartel que dice donado», dijeron al marcharse los periodistas de Telefé que cubrieron el reclamo; antes, habían sido llevados por el Secretario de Salud Federico Pazzi Pla hasta la sala de cuidados intensivos, en la que un cartel da cuenta de que fue hecha con el dinero de una fundación.
En la mañana del jueves, en medio de la protesta, el Director del Hospital se justificaba ante un alcalde que del otro lado del teléfono no podía aceptar las perturbadoras imágenes que difundía la televisión nacional: «Doctor, yo ya no la puedo parar», le decía, mientras soportaría toda clase de exabruptos, de esos que a Zúccaro suelen darle buen resultado cuando se trata de enfrentar situaciones más complacientes para con sus intereses.
En una columna de opinión aparecida el mismo jueves en El Diario Regional, decía Pazzi Pla que «las resoluciones de las crisis suceden porque cuando aparecen hay que afrontarlas con planificación y prevención», y agregaba que antes de la llegada de Zúccaro al gobierno, a las madres se las dejaba en camillas en los pasillos del hospital. A las pocas horas, las imágenes en vivo mostradas por televisión explicarían por qué no paraba de crecerle la nariz al Secretario de Salud: en palabras de la doctora Mirta Ortega Sanz, presidenta de la AMPAC, «...Dios no puso las palabras sólo para comunicarnos, sino también para encubrirnos, pero las imágenes son contundentes: cuando el pueblo vio el hospital que tenemos, y vio una paciente diabética descompensada en una camilla, que no teníamos sábanas para taparla, porque en la guardia no hay sábanas... en una camilla, una paciente que no tiene una cama digna... y... hablemos de planificación, pero explíquenselo a esa paciente que tiene la descompensación diabética hoy».
El viernes, luego de estar reunido durante horas con el intendente, el Secretario de Salud le pedía a los vecinos que «...miremos la película: va a llegar el momento en que tengamos las habitaciones como corresponden, que estén los baños para los pacientes como corresponden, y después vamos a poder dedicarnos a las habitaciones, o a los lugares del personal... hay que tener paciencia, porque está todo programado...».
Sin duda, el gobierno tiene dificultad para planificar sus acciones, porque ya lleva casi tres años en un contexto económico nacional extraordinariamente favorable ¿cuánto tiempo más hay que esperar «para curar a Pilar»? (en la primera entrevista que se le hizo al alcalde por FM Plaza, pidió que le dieran tres meses para empezar a ver los cambios; luego se autoextendió el «período de gracia» a medio año; ¿y ahora?. La recientemente inaugurada peatonal, que se llevó alrededor de medio millón de pesos, el escenario de la Plaza 12 de Octubre, y los artistas que pasaron por él, ¿eran proyectos prioritarios para un municipo adherido a la denominada «Red de Municipios Saludables»? ¿es digno un salario de 1.200 pesos para un médico que lucha día a día para salvar vidas? ¿es razonable que el Concejal Carlos Olivera se dedique -con el dinero que sale de nuestros bolsillos- a «investigar» si los médicos ganan mucho o poco, mientras mes a mes recibe una dieta de casi 2.000 pesos, a pesar de la cual dijo tener que trabajar de abogado «porque si no la plata no le alcanza»?.
Intendente Humberto Zúccaro, Secretario Federico Pazzi Pla, Concejal Carlos Olivera: un poco de vergüenza, por favor.
Al incorporar propiedades materiales complejas en la construcción del dispositivo, se logra que parezca haber espacio vacío en donde en realidad hay un objeto concreto. «El ‘manto’ reduce tanto el reflejo como la sombra de un objeto, cualquiera de los cuales permitiría su detección», expresó el doctor David Smith, uno de los científicos que realizaron el experimiento.
Mientras este hallazgo científico se difundía por el mundo, el gobierno de Humberto Zúccaro, sacudido por la campaña que los médicos del Hospital Sanguinetti denominaron «La Salud de Pilar se muere», decidió hechar mano de un recurso similar: intentar tapar todo con un «manto de invisibilidad» y pretender que en donde en realidad hay un hospital en condiciones edilicias francamente inaceptables, por televisión se vea que hay una sala de terapia intensiva modelo, comparable a la de cualquier centro de salud privado. «Qué vergüenza que un Secretario de Salud muestre una terapia intensiva como un logro, con un cartel que dice donado», dijeron al marcharse los periodistas de Telefé que cubrieron el reclamo; antes, habían sido llevados por el Secretario de Salud Federico Pazzi Pla hasta la sala de cuidados intensivos, en la que un cartel da cuenta de que fue hecha con el dinero de una fundación.
En la mañana del jueves, en medio de la protesta, el Director del Hospital se justificaba ante un alcalde que del otro lado del teléfono no podía aceptar las perturbadoras imágenes que difundía la televisión nacional: «Doctor, yo ya no la puedo parar», le decía, mientras soportaría toda clase de exabruptos, de esos que a Zúccaro suelen darle buen resultado cuando se trata de enfrentar situaciones más complacientes para con sus intereses.
En una columna de opinión aparecida el mismo jueves en El Diario Regional, decía Pazzi Pla que «las resoluciones de las crisis suceden porque cuando aparecen hay que afrontarlas con planificación y prevención», y agregaba que antes de la llegada de Zúccaro al gobierno, a las madres se las dejaba en camillas en los pasillos del hospital. A las pocas horas, las imágenes en vivo mostradas por televisión explicarían por qué no paraba de crecerle la nariz al Secretario de Salud: en palabras de la doctora Mirta Ortega Sanz, presidenta de la AMPAC, «...Dios no puso las palabras sólo para comunicarnos, sino también para encubrirnos, pero las imágenes son contundentes: cuando el pueblo vio el hospital que tenemos, y vio una paciente diabética descompensada en una camilla, que no teníamos sábanas para taparla, porque en la guardia no hay sábanas... en una camilla, una paciente que no tiene una cama digna... y... hablemos de planificación, pero explíquenselo a esa paciente que tiene la descompensación diabética hoy».
El viernes, luego de estar reunido durante horas con el intendente, el Secretario de Salud le pedía a los vecinos que «...miremos la película: va a llegar el momento en que tengamos las habitaciones como corresponden, que estén los baños para los pacientes como corresponden, y después vamos a poder dedicarnos a las habitaciones, o a los lugares del personal... hay que tener paciencia, porque está todo programado...».
Sin duda, el gobierno tiene dificultad para planificar sus acciones, porque ya lleva casi tres años en un contexto económico nacional extraordinariamente favorable ¿cuánto tiempo más hay que esperar «para curar a Pilar»? (en la primera entrevista que se le hizo al alcalde por FM Plaza, pidió que le dieran tres meses para empezar a ver los cambios; luego se autoextendió el «período de gracia» a medio año; ¿y ahora?. La recientemente inaugurada peatonal, que se llevó alrededor de medio millón de pesos, el escenario de la Plaza 12 de Octubre, y los artistas que pasaron por él, ¿eran proyectos prioritarios para un municipo adherido a la denominada «Red de Municipios Saludables»? ¿es digno un salario de 1.200 pesos para un médico que lucha día a día para salvar vidas? ¿es razonable que el Concejal Carlos Olivera se dedique -con el dinero que sale de nuestros bolsillos- a «investigar» si los médicos ganan mucho o poco, mientras mes a mes recibe una dieta de casi 2.000 pesos, a pesar de la cual dijo tener que trabajar de abogado «porque si no la plata no le alcanza»?.
Intendente Humberto Zúccaro, Secretario Federico Pazzi Pla, Concejal Carlos Olivera: un poco de vergüenza, por favor.
Manto de invisibilidad
(EL DIARIO REGIONAL, 22/10/2006) Esta semana se conoció la noticia de que científicos de la Universidad de Duke hicieron funcionar un «manto de invisibilidad»; se trata de un cilindro dentro del cual los objetos «desaparecen» a la vista del ojo humano, gracias a la utilización de ondas electromagnéticas y de los llamados «metamateriales».
Al incorporar propiedades materiales complejas en la construcción del dispositivo, se logra que parezca haber espacio vacío en donde en realidad hay un objeto concreto. «El ‘manto’ reduce tanto el reflejo como la sombra de un objeto, cualquiera de los cuales permitiría su detección», expresó el doctor David Smith, uno de los científicos que realizaron el experimiento.
Mientras este hallazgo científico se difundía por el mundo, el gobierno de Humberto Zúccaro, sacudido por la campaña que los médicos del Hospital Sanguinetti denominaron «La Salud de Pilar se muere», decidió hechar mano de un recurso similar: intentar tapar todo con un «manto de invisibilidad» y pretender que en donde en realidad hay un hospital en condiciones edilicias francamente inaceptables, por televisión se vea que hay una sala de terapia intensiva modelo, comparable a la de cualquier centro de salud privado. «Qué vergüenza que un Secretario de Salud muestre una terapia intensiva como un logro, con un cartel que dice donado», dijeron al marcharse los periodistas de Telefé que cubrieron el reclamo; antes, habían sido llevados por el Secretario de Salud Federico Pazzi Pla hasta la sala de cuidados intensivos, en la que un cartel da cuenta de que fue hecha con el dinero de una fundación.
En la mañana del jueves, en medio de la protesta, el Director del Hospital se justificaba ante un alcalde que del otro lado del teléfono no podía aceptar las perturbadoras imágenes que difundía la televisión nacional: «Doctor, yo ya no la puedo parar», le decía, mientras soportaría toda clase de exabruptos, de esos que a Zúccaro suelen darle buen resultado cuando se trata de enfrentar situaciones más complacientes para con sus intereses.
En una columna de opinión aparecida el mismo jueves en El Diario Regional, decía Pazzi Pla que «las resoluciones de las crisis suceden porque cuando aparecen hay que afrontarlas con planificación y prevención», y agregaba que antes de la llegada de Zúccaro al gobierno, a las madres se las dejaba en camillas en los pasillos del hospital. A las pocas horas, las imágenes en vivo mostradas por televisión explicarían por qué no paraba de crecerle la nariz al Secretario de Salud: en palabras de la doctora Mirta Ortega Sanz, presidenta de la AMPAC, «...Dios no puso las palabras sólo para comunicarnos, sino también para encubrirnos, pero las imágenes son contundentes: cuando el pueblo vio el hospital que tenemos, y vio una paciente diabética descompensada en una camilla, que no teníamos sábanas para taparla, porque en la guardia no hay sábanas... en una camilla, una paciente que no tiene una cama digna... y... hablemos de planificación, pero explíquenselo a esa paciente que tiene la descompensación diabética hoy».
El viernes, luego de estar reunido durante horas con el intendente, el Secretario de Salud le pedía a los vecinos que «...miremos la película: va a llegar el momento en que tengamos las habitaciones como corresponden, que estén los baños para los pacientes como corresponden, y después vamos a poder dedicarnos a las habitaciones, o a los lugares del personal... hay que tener paciencia, porque está todo programado...».
Sin duda, el gobierno tiene dificultad para planificar sus acciones, porque ya lleva casi tres años en un contexto económico nacional extraordinariamente favorable ¿cuánto tiempo más hay que esperar «para curar a Pilar»? (en la primera entrevista que se le hizo al alcalde por FM Plaza, pidió que le dieran tres meses para empezar a ver los cambios; luego se autoextendió el «período de gracia» a medio año; ¿y ahora?. La recientemente inaugurada peatonal, que se llevó alrededor de medio millón de pesos, el escenario de la Plaza 12 de Octubre, y los artistas que pasaron por él, ¿eran proyectos prioritarios para un municipo adherido a la denominada «Red de Municipios Saludables»? ¿es digno un salario de 1.200 pesos para un médico que lucha día a día para salvar vidas? ¿es razonable que el Concejal Carlos Olivera se dedique -con el dinero que sale de nuestros bolsillos- a «investigar» si los médicos ganan mucho o poco, mientras mes a mes recibe una dieta de casi 2.000 pesos, a pesar de la cual dijo tener que trabajar de abogado «porque si no la plata no le alcanza»?.
Intendente Humberto Zúccaro, Secretario Federico Pazzi Pla, Concejal Carlos Olivera: un poco de vergüenza, por favor.
Al incorporar propiedades materiales complejas en la construcción del dispositivo, se logra que parezca haber espacio vacío en donde en realidad hay un objeto concreto. «El ‘manto’ reduce tanto el reflejo como la sombra de un objeto, cualquiera de los cuales permitiría su detección», expresó el doctor David Smith, uno de los científicos que realizaron el experimiento.
Mientras este hallazgo científico se difundía por el mundo, el gobierno de Humberto Zúccaro, sacudido por la campaña que los médicos del Hospital Sanguinetti denominaron «La Salud de Pilar se muere», decidió hechar mano de un recurso similar: intentar tapar todo con un «manto de invisibilidad» y pretender que en donde en realidad hay un hospital en condiciones edilicias francamente inaceptables, por televisión se vea que hay una sala de terapia intensiva modelo, comparable a la de cualquier centro de salud privado. «Qué vergüenza que un Secretario de Salud muestre una terapia intensiva como un logro, con un cartel que dice donado», dijeron al marcharse los periodistas de Telefé que cubrieron el reclamo; antes, habían sido llevados por el Secretario de Salud Federico Pazzi Pla hasta la sala de cuidados intensivos, en la que un cartel da cuenta de que fue hecha con el dinero de una fundación.
En la mañana del jueves, en medio de la protesta, el Director del Hospital se justificaba ante un alcalde que del otro lado del teléfono no podía aceptar las perturbadoras imágenes que difundía la televisión nacional: «Doctor, yo ya no la puedo parar», le decía, mientras soportaría toda clase de exabruptos, de esos que a Zúccaro suelen darle buen resultado cuando se trata de enfrentar situaciones más complacientes para con sus intereses.
En una columna de opinión aparecida el mismo jueves en El Diario Regional, decía Pazzi Pla que «las resoluciones de las crisis suceden porque cuando aparecen hay que afrontarlas con planificación y prevención», y agregaba que antes de la llegada de Zúccaro al gobierno, a las madres se las dejaba en camillas en los pasillos del hospital. A las pocas horas, las imágenes en vivo mostradas por televisión explicarían por qué no paraba de crecerle la nariz al Secretario de Salud: en palabras de la doctora Mirta Ortega Sanz, presidenta de la AMPAC, «...Dios no puso las palabras sólo para comunicarnos, sino también para encubrirnos, pero las imágenes son contundentes: cuando el pueblo vio el hospital que tenemos, y vio una paciente diabética descompensada en una camilla, que no teníamos sábanas para taparla, porque en la guardia no hay sábanas... en una camilla, una paciente que no tiene una cama digna... y... hablemos de planificación, pero explíquenselo a esa paciente que tiene la descompensación diabética hoy».
El viernes, luego de estar reunido durante horas con el intendente, el Secretario de Salud le pedía a los vecinos que «...miremos la película: va a llegar el momento en que tengamos las habitaciones como corresponden, que estén los baños para los pacientes como corresponden, y después vamos a poder dedicarnos a las habitaciones, o a los lugares del personal... hay que tener paciencia, porque está todo programado...».
Sin duda, el gobierno tiene dificultad para planificar sus acciones, porque ya lleva casi tres años en un contexto económico nacional extraordinariamente favorable ¿cuánto tiempo más hay que esperar «para curar a Pilar»? (en la primera entrevista que se le hizo al alcalde por FM Plaza, pidió que le dieran tres meses para empezar a ver los cambios; luego se autoextendió el «período de gracia» a medio año; ¿y ahora?. La recientemente inaugurada peatonal, que se llevó alrededor de medio millón de pesos, el escenario de la Plaza 12 de Octubre, y los artistas que pasaron por él, ¿eran proyectos prioritarios para un municipo adherido a la denominada «Red de Municipios Saludables»? ¿es digno un salario de 1.200 pesos para un médico que lucha día a día para salvar vidas? ¿es razonable que el Concejal Carlos Olivera se dedique -con el dinero que sale de nuestros bolsillos- a «investigar» si los médicos ganan mucho o poco, mientras mes a mes recibe una dieta de casi 2.000 pesos, a pesar de la cual dijo tener que trabajar de abogado «porque si no la plata no le alcanza»?.
Intendente Humberto Zúccaro, Secretario Federico Pazzi Pla, Concejal Carlos Olivera: un poco de vergüenza, por favor.
domingo, 15 de octubre de 2006
Salud Enferma
(EL DIARIO REGIONAL, 15/10/2006) El domingo pasado me referí a la grave crisis que afecta al sistema de salud pública de Pilar. La columna provocó la reacción de muchos funcionarios municipales, que molestos por mis opiniones, sólo alcanzaron a criticarme, sin deslizar ni una coma sobre la manera en la que piensan resolver los hechos denunciados.
Para poner en términos concretos la decadencia en la que se sumerge la salud pública, debemos saber que en el hospital Meisner de Presidente Derqui —materno-infantil— no hay anestesista infantil, por lo que todas las cirugías pediátricas están suspendidas; que en las guardias, es frecuente que los médicos deban atender hasta 160 pacientes en 24 horas, cuando lo normal en cualquier lugar del mundo no supera las 100 personas; que esta gestión dejó de lado la Ordenanza que estableció la denominada "Carrera Profesional Sanitaria Municipal", y con ella, terminó con la dignidad de los trabajadores de la salud, que en su inmensa mayoría cobran hoy prácticamente lo mismo que hace una década. Y todo ello en el gobierno del "Intendente Dr. Humberto Zúccaro", que como bien hace indicar hasta en las señales de tránsito, es "doctor".
Ayer
A pocos meses de haber asumido, el intendente mandó al Hospital Sanguinetti –a través de su Secretario de Acción Política- a una patota de noquis municipales; tenían la misión de terminar con un reclamo pacífico que efectuaba una veintena de trabajadores despedidos; como precursores de la patota que provocó los incidentes de la semana pasada en el hospital Francés, éstos patovicas locales amenazaron de muerte a varios de los periodistas presentes, y agredieron a quienes sólo querían presentar su queja ante Hugo Trabadelo, por entonces director del hospital central. Trabadelo, que hoy se desempeña como subsecretario de gobierno, cambió de cargo un año después de que se encontraran tres fetos en una cámara séptica del Sanguinetti; sin embargo, conserva las mismas funciones que antes: mantener el horizonte despejado de críticas hacia su jefe político, el intendente Zúccaro (quizás por eso, fue el "privilegiado" al que mandaron esta semana a responder a mi columna sobre la crisis sanitaria).
Hoy
Aunque los trabajadores de la salud esperan que el intendente reconsidere su negativa a recibirlos y dialogar, me permito dudar de las intenciones del jefe comunal: él cree que podrá "patear" hacia delante la pelota, prometiendo una mejora salarial recién para el próximo año. Claro que para convencer a los quejosos, ahora ya no manda a la patota como en 2004: hoy confía en su capacidad de negociación, y en colaboradores como el secretario de los trabajadores municipales Oscar Campofreda, quien en vez de apoyar a los médicos en sus justos reclamos, salió a decir que "no hay posibilidad presupuestaria de dar ningún aumento", asemejándose así más a un jefe de personal que a un representante sindical.
Más allá de todo lo que diga en público, Zúccaro sabe que con los sucesivos aumentos que sufrió el presupuesto municipal en los últimos años, los médicos y enfermeras de la comuna podrían haber recibido este mismo año un aumento del orden del 30 por ciento, similar al que recibieron la mayoría de los trabajadores del sector privado. No lo hace porque el 2007 es un año político, y porque a poco de terminar su mandato, necesita volcar todos los dineros públicos a realizar obras que puedan ser fotografiadas; en última instancia, pensará, ninguna foto se le puede sacar a un médico que ganado 750 pesos, pase a ganar mil. Por ello, cree que el dinero que gasta en las fiestas patronales, lo beneficia más que el que debería gastar en el sistema sanitario.
Zúccaro cree que la salud puede esperar, y que el 2007 no está tan lejos. Quizás no lo esté para él, que como reconoció, "vive de la política", pero sin duda lo está para los médicos y enfermeras que desde hace años, y por el mismo sueldo, dejan sus vidas para hacer realidad la promesa electoral de "curar a Pilar".
Para poner en términos concretos la decadencia en la que se sumerge la salud pública, debemos saber que en el hospital Meisner de Presidente Derqui —materno-infantil— no hay anestesista infantil, por lo que todas las cirugías pediátricas están suspendidas; que en las guardias, es frecuente que los médicos deban atender hasta 160 pacientes en 24 horas, cuando lo normal en cualquier lugar del mundo no supera las 100 personas; que esta gestión dejó de lado la Ordenanza que estableció la denominada "Carrera Profesional Sanitaria Municipal", y con ella, terminó con la dignidad de los trabajadores de la salud, que en su inmensa mayoría cobran hoy prácticamente lo mismo que hace una década. Y todo ello en el gobierno del "Intendente Dr. Humberto Zúccaro", que como bien hace indicar hasta en las señales de tránsito, es "doctor".
Ayer
A pocos meses de haber asumido, el intendente mandó al Hospital Sanguinetti –a través de su Secretario de Acción Política- a una patota de noquis municipales; tenían la misión de terminar con un reclamo pacífico que efectuaba una veintena de trabajadores despedidos; como precursores de la patota que provocó los incidentes de la semana pasada en el hospital Francés, éstos patovicas locales amenazaron de muerte a varios de los periodistas presentes, y agredieron a quienes sólo querían presentar su queja ante Hugo Trabadelo, por entonces director del hospital central. Trabadelo, que hoy se desempeña como subsecretario de gobierno, cambió de cargo un año después de que se encontraran tres fetos en una cámara séptica del Sanguinetti; sin embargo, conserva las mismas funciones que antes: mantener el horizonte despejado de críticas hacia su jefe político, el intendente Zúccaro (quizás por eso, fue el "privilegiado" al que mandaron esta semana a responder a mi columna sobre la crisis sanitaria).
Hoy
Aunque los trabajadores de la salud esperan que el intendente reconsidere su negativa a recibirlos y dialogar, me permito dudar de las intenciones del jefe comunal: él cree que podrá "patear" hacia delante la pelota, prometiendo una mejora salarial recién para el próximo año. Claro que para convencer a los quejosos, ahora ya no manda a la patota como en 2004: hoy confía en su capacidad de negociación, y en colaboradores como el secretario de los trabajadores municipales Oscar Campofreda, quien en vez de apoyar a los médicos en sus justos reclamos, salió a decir que "no hay posibilidad presupuestaria de dar ningún aumento", asemejándose así más a un jefe de personal que a un representante sindical.
Más allá de todo lo que diga en público, Zúccaro sabe que con los sucesivos aumentos que sufrió el presupuesto municipal en los últimos años, los médicos y enfermeras de la comuna podrían haber recibido este mismo año un aumento del orden del 30 por ciento, similar al que recibieron la mayoría de los trabajadores del sector privado. No lo hace porque el 2007 es un año político, y porque a poco de terminar su mandato, necesita volcar todos los dineros públicos a realizar obras que puedan ser fotografiadas; en última instancia, pensará, ninguna foto se le puede sacar a un médico que ganado 750 pesos, pase a ganar mil. Por ello, cree que el dinero que gasta en las fiestas patronales, lo beneficia más que el que debería gastar en el sistema sanitario.
Zúccaro cree que la salud puede esperar, y que el 2007 no está tan lejos. Quizás no lo esté para él, que como reconoció, "vive de la política", pero sin duda lo está para los médicos y enfermeras que desde hace años, y por el mismo sueldo, dejan sus vidas para hacer realidad la promesa electoral de "curar a Pilar".
Salud Enferma
(EL DIARIO REGIONAL, 15/10/2006) El domingo pasado me referí a la grave crisis que afecta al sistema de salud pública de Pilar. La columna provocó la reacción de muchos funcionarios municipales, que molestos por mis opiniones, sólo alcanzaron a criticarme, sin deslizar ni una coma sobre la manera en la que piensan resolver los hechos denunciados.
Para poner en términos concretos la decadencia en la que se sumerge la salud pública, debemos saber que en el hospital Meisner de Presidente Derqui —materno-infantil— no hay anestesista infantil, por lo que todas las cirugías pediátricas están suspendidas; que en las guardias, es frecuente que los médicos deban atender hasta 160 pacientes en 24 horas, cuando lo normal en cualquier lugar del mundo no supera las 100 personas; que esta gestión dejó de lado la Ordenanza que estableció la denominada "Carrera Profesional Sanitaria Municipal", y con ella, terminó con la dignidad de los trabajadores de la salud, que en su inmensa mayoría cobran hoy prácticamente lo mismo que hace una década. Y todo ello en el gobierno del "Intendente Dr. Humberto Zúccaro", que como bien hace indicar hasta en las señales de tránsito, es "doctor".
Ayer
A pocos meses de haber asumido, el intendente mandó al Hospital Sanguinetti –a través de su Secretario de Acción Política- a una patota de noquis municipales; tenían la misión de terminar con un reclamo pacífico que efectuaba una veintena de trabajadores despedidos; como precursores de la patota que provocó los incidentes de la semana pasada en el hospital Francés, éstos patovicas locales amenazaron de muerte a varios de los periodistas presentes, y agredieron a quienes sólo querían presentar su queja ante Hugo Trabadelo, por entonces director del hospital central. Trabadelo, que hoy se desempeña como subsecretario de gobierno, cambió de cargo un año después de que se encontraran tres fetos en una cámara séptica del Sanguinetti; sin embargo, conserva las mismas funciones que antes: mantener el horizonte despejado de críticas hacia su jefe político, el intendente Zúccaro (quizás por eso, fue el "privilegiado" al que mandaron esta semana a responder a mi columna sobre la crisis sanitaria).
Hoy
Aunque los trabajadores de la salud esperan que el intendente reconsidere su negativa a recibirlos y dialogar, me permito dudar de las intenciones del jefe comunal: él cree que podrá "patear" hacia delante la pelota, prometiendo una mejora salarial recién para el próximo año. Claro que para convencer a los quejosos, ahora ya no manda a la patota como en 2004: hoy confía en su capacidad de negociación, y en colaboradores como el secretario de los trabajadores municipales Oscar Campofreda, quien en vez de apoyar a los médicos en sus justos reclamos, salió a decir que "no hay posibilidad presupuestaria de dar ningún aumento", asemejándose así más a un jefe de personal que a un representante sindical.
Más allá de todo lo que diga en público, Zúccaro sabe que con los sucesivos aumentos que sufrió el presupuesto municipal en los últimos años, los médicos y enfermeras de la comuna podrían haber recibido este mismo año un aumento del orden del 30 por ciento, similar al que recibieron la mayoría de los trabajadores del sector privado. No lo hace porque el 2007 es un año político, y porque a poco de terminar su mandato, necesita volcar todos los dineros públicos a realizar obras que puedan ser fotografiadas; en última instancia, pensará, ninguna foto se le puede sacar a un médico que ganado 750 pesos, pase a ganar mil. Por ello, cree que el dinero que gasta en las fiestas patronales, lo beneficia más que el que debería gastar en el sistema sanitario.
Zúccaro cree que la salud puede esperar, y que el 2007 no está tan lejos. Quizás no lo esté para él, que como reconoció, "vive de la política", pero sin duda lo está para los médicos y enfermeras que desde hace años, y por el mismo sueldo, dejan sus vidas para hacer realidad la promesa electoral de "curar a Pilar".
Para poner en términos concretos la decadencia en la que se sumerge la salud pública, debemos saber que en el hospital Meisner de Presidente Derqui —materno-infantil— no hay anestesista infantil, por lo que todas las cirugías pediátricas están suspendidas; que en las guardias, es frecuente que los médicos deban atender hasta 160 pacientes en 24 horas, cuando lo normal en cualquier lugar del mundo no supera las 100 personas; que esta gestión dejó de lado la Ordenanza que estableció la denominada "Carrera Profesional Sanitaria Municipal", y con ella, terminó con la dignidad de los trabajadores de la salud, que en su inmensa mayoría cobran hoy prácticamente lo mismo que hace una década. Y todo ello en el gobierno del "Intendente Dr. Humberto Zúccaro", que como bien hace indicar hasta en las señales de tránsito, es "doctor".
Ayer
A pocos meses de haber asumido, el intendente mandó al Hospital Sanguinetti –a través de su Secretario de Acción Política- a una patota de noquis municipales; tenían la misión de terminar con un reclamo pacífico que efectuaba una veintena de trabajadores despedidos; como precursores de la patota que provocó los incidentes de la semana pasada en el hospital Francés, éstos patovicas locales amenazaron de muerte a varios de los periodistas presentes, y agredieron a quienes sólo querían presentar su queja ante Hugo Trabadelo, por entonces director del hospital central. Trabadelo, que hoy se desempeña como subsecretario de gobierno, cambió de cargo un año después de que se encontraran tres fetos en una cámara séptica del Sanguinetti; sin embargo, conserva las mismas funciones que antes: mantener el horizonte despejado de críticas hacia su jefe político, el intendente Zúccaro (quizás por eso, fue el "privilegiado" al que mandaron esta semana a responder a mi columna sobre la crisis sanitaria).
Hoy
Aunque los trabajadores de la salud esperan que el intendente reconsidere su negativa a recibirlos y dialogar, me permito dudar de las intenciones del jefe comunal: él cree que podrá "patear" hacia delante la pelota, prometiendo una mejora salarial recién para el próximo año. Claro que para convencer a los quejosos, ahora ya no manda a la patota como en 2004: hoy confía en su capacidad de negociación, y en colaboradores como el secretario de los trabajadores municipales Oscar Campofreda, quien en vez de apoyar a los médicos en sus justos reclamos, salió a decir que "no hay posibilidad presupuestaria de dar ningún aumento", asemejándose así más a un jefe de personal que a un representante sindical.
Más allá de todo lo que diga en público, Zúccaro sabe que con los sucesivos aumentos que sufrió el presupuesto municipal en los últimos años, los médicos y enfermeras de la comuna podrían haber recibido este mismo año un aumento del orden del 30 por ciento, similar al que recibieron la mayoría de los trabajadores del sector privado. No lo hace porque el 2007 es un año político, y porque a poco de terminar su mandato, necesita volcar todos los dineros públicos a realizar obras que puedan ser fotografiadas; en última instancia, pensará, ninguna foto se le puede sacar a un médico que ganado 750 pesos, pase a ganar mil. Por ello, cree que el dinero que gasta en las fiestas patronales, lo beneficia más que el que debería gastar en el sistema sanitario.
Zúccaro cree que la salud puede esperar, y que el 2007 no está tan lejos. Quizás no lo esté para él, que como reconoció, "vive de la política", pero sin duda lo está para los médicos y enfermeras que desde hace años, y por el mismo sueldo, dejan sus vidas para hacer realidad la promesa electoral de "curar a Pilar".
domingo, 8 de octubre de 2006
Vivir de la Política
(EL DIARIO REGIONAL, 08/10/2006) Ayer, en la entrevista que se le hizo en FM Plaza, el Intendente reconoció vivir de la política, y se confesó ser "un político de raza".
Evidentemente, si Humberto Zúccaro se considera perteneciente a la "raza política", de su afirmación se desprenden dos conclusiones: en primer lugar, que para el jefe comunal, la participación política —y los derechos derivados de ella— constituyen un quehacer sólo reservado a una "raza" de seres humanos, categoría a la que —aunque duela reconocerlo— ni usted lector ni el columnista pertenecemos. La segunda conclusión es que nuestro alcalde esta convencido de pertenecer a esa "raza".
¿Cuál es el sentido de etiquetarse como miembro de una "raza"?: durante la época de la Ilustración, las clasificaciones raciales se usaron para justificar la esclavitud de los "inferiores", las "razas" no blancas, que según suponían nuestros ancestros, estaban mejor preparados para toda la vida de trabajo duro (claro que siempre bajo la supervisión blanca).
Quizás hoy, la intención de presentarse como miembro de una raza responda a las mismas motivaciones. Pero pongamos un ejemplo de cómo funcionan las cosas en Pilar: en 2004, el gobierno anunció que ese sería "el año de la salud", refiriéndose a que todos los recursos económicos y esfuerzos intelectuales irían a resolver lo que para la sociedad era una de sus máximas preocupaciones: el sistema de salud. Hoy, casi 3 años después, la salud pública local está en crisis, hay expulsión de profesionales, y el cada vez más abultado presupuesto de salud se dilapida en partidas que reasigna sistemáticamente a otras áreas el otrora explicador oficial Osvaldo Pugliese; mientras tanto Zúccaro, subido al caballo de creerse miembro de una casta superior (la "raza política") maltrata a los médicos del Hospital Sanguinetti (la "raza inferior"), y dice que nunca más va a reunirse con ellos, porque han cometido el sacrilegio de expresar públicamente su crítica y su desazón ante un gobierno que en las reuniones y posteriores conferencias de prensa cede todo, pero que luego en la práctica, se empeña en que nada cambie.
Creyendo que el intendente va a cumplir con su caprichosa y autoritaria sentencia de ni siquiera atenderlos, los médicos van acortando la vara de sus expectativas, hasta que finalmente, algunos de ellos se conformarán con pensar que en el año venidero, la municipalidad pondrá algunas monedas más en sus bolsillos como toda respuesta a sus justos e inobjetables reclamos. Mientras tanto, la municipalidad habrá pasado de un presupuesto de 57 millones en 2003 a 128 millones para este año (¿cómo pueden argumentar frente a los médicos —sin que se les caiga la cara de vergüenza— que no hay dinero para recompensarlos con dignidad?).
Un último corolario de los dichos de nuestro primer mandatario es que resulta envidiable ver a alguien como él, que habiendo reconocido "vivir de la política", pueda darse el lujo de vacacionar como lo hace, ya sea en las cálidas aguas caribeñas, o en las doradas arenas del vecino Brasil. O incluso, en las más lejanas y exclusivas playas de Miami (aunque en este caso el disfrute no sea recibido por él mismo, sino —como dicen los hombres de leyes— por interpósita persona).
En su famosa Carta desde la cárcel de Birmingham, Martin Luther King escribió:
"La historia es el relato largo y trágico del hecho que rara vez los grupos privilegiados (en nuestro caso la "raza política") renuncian a sus privilegios voluntariamente".
Por ello, esperemos que tanto autoritarismo no termine por domesticarnos. Trabajemos para lograr una sociedad equitativa, con ciudadanos plenos de derechos. Y si tuviera que haber privilegiados entre nosotros —como dijo el General Perón— que los únicos privilegiados sean los niños. Los demás, iguales, por favor.
Evidentemente, si Humberto Zúccaro se considera perteneciente a la "raza política", de su afirmación se desprenden dos conclusiones: en primer lugar, que para el jefe comunal, la participación política —y los derechos derivados de ella— constituyen un quehacer sólo reservado a una "raza" de seres humanos, categoría a la que —aunque duela reconocerlo— ni usted lector ni el columnista pertenecemos. La segunda conclusión es que nuestro alcalde esta convencido de pertenecer a esa "raza".
¿Cuál es el sentido de etiquetarse como miembro de una "raza"?: durante la época de la Ilustración, las clasificaciones raciales se usaron para justificar la esclavitud de los "inferiores", las "razas" no blancas, que según suponían nuestros ancestros, estaban mejor preparados para toda la vida de trabajo duro (claro que siempre bajo la supervisión blanca).
Quizás hoy, la intención de presentarse como miembro de una raza responda a las mismas motivaciones. Pero pongamos un ejemplo de cómo funcionan las cosas en Pilar: en 2004, el gobierno anunció que ese sería "el año de la salud", refiriéndose a que todos los recursos económicos y esfuerzos intelectuales irían a resolver lo que para la sociedad era una de sus máximas preocupaciones: el sistema de salud. Hoy, casi 3 años después, la salud pública local está en crisis, hay expulsión de profesionales, y el cada vez más abultado presupuesto de salud se dilapida en partidas que reasigna sistemáticamente a otras áreas el otrora explicador oficial Osvaldo Pugliese; mientras tanto Zúccaro, subido al caballo de creerse miembro de una casta superior (la "raza política") maltrata a los médicos del Hospital Sanguinetti (la "raza inferior"), y dice que nunca más va a reunirse con ellos, porque han cometido el sacrilegio de expresar públicamente su crítica y su desazón ante un gobierno que en las reuniones y posteriores conferencias de prensa cede todo, pero que luego en la práctica, se empeña en que nada cambie.
Creyendo que el intendente va a cumplir con su caprichosa y autoritaria sentencia de ni siquiera atenderlos, los médicos van acortando la vara de sus expectativas, hasta que finalmente, algunos de ellos se conformarán con pensar que en el año venidero, la municipalidad pondrá algunas monedas más en sus bolsillos como toda respuesta a sus justos e inobjetables reclamos. Mientras tanto, la municipalidad habrá pasado de un presupuesto de 57 millones en 2003 a 128 millones para este año (¿cómo pueden argumentar frente a los médicos —sin que se les caiga la cara de vergüenza— que no hay dinero para recompensarlos con dignidad?).
Un último corolario de los dichos de nuestro primer mandatario es que resulta envidiable ver a alguien como él, que habiendo reconocido "vivir de la política", pueda darse el lujo de vacacionar como lo hace, ya sea en las cálidas aguas caribeñas, o en las doradas arenas del vecino Brasil. O incluso, en las más lejanas y exclusivas playas de Miami (aunque en este caso el disfrute no sea recibido por él mismo, sino —como dicen los hombres de leyes— por interpósita persona).
En su famosa Carta desde la cárcel de Birmingham, Martin Luther King escribió:
"La historia es el relato largo y trágico del hecho que rara vez los grupos privilegiados (en nuestro caso la "raza política") renuncian a sus privilegios voluntariamente".
Por ello, esperemos que tanto autoritarismo no termine por domesticarnos. Trabajemos para lograr una sociedad equitativa, con ciudadanos plenos de derechos. Y si tuviera que haber privilegiados entre nosotros —como dijo el General Perón— que los únicos privilegiados sean los niños. Los demás, iguales, por favor.
Vivir de la Política
(EL DIARIO REGIONAL, 08/10/2006) Ayer, en la entrevista que se le hizo en FM Plaza, el Intendente reconoció vivir de la política, y se confesó ser "un político de raza".
Evidentemente, si Humberto Zúccaro se considera perteneciente a la "raza política", de su afirmación se desprenden dos conclusiones: en primer lugar, que para el jefe comunal, la participación política —y los derechos derivados de ella— constituyen un quehacer sólo reservado a una "raza" de seres humanos, categoría a la que —aunque duela reconocerlo— ni usted lector ni el columnista pertenecemos. La segunda conclusión es que nuestro alcalde esta convencido de pertenecer a esa "raza".
¿Cuál es el sentido de etiquetarse como miembro de una "raza"?: durante la época de la Ilustración, las clasificaciones raciales se usaron para justificar la esclavitud de los "inferiores", las "razas" no blancas, que según suponían nuestros ancestros, estaban mejor preparados para toda la vida de trabajo duro (claro que siempre bajo la supervisión blanca).
Quizás hoy, la intención de presentarse como miembro de una raza responda a las mismas motivaciones. Pero pongamos un ejemplo de cómo funcionan las cosas en Pilar: en 2004, el gobierno anunció que ese sería "el año de la salud", refiriéndose a que todos los recursos económicos y esfuerzos intelectuales irían a resolver lo que para la sociedad era una de sus máximas preocupaciones: el sistema de salud. Hoy, casi 3 años después, la salud pública local está en crisis, hay expulsión de profesionales, y el cada vez más abultado presupuesto de salud se dilapida en partidas que reasigna sistemáticamente a otras áreas el otrora explicador oficial Osvaldo Pugliese; mientras tanto Zúccaro, subido al caballo de creerse miembro de una casta superior (la "raza política") maltrata a los médicos del Hospital Sanguinetti (la "raza inferior"), y dice que nunca más va a reunirse con ellos, porque han cometido el sacrilegio de expresar públicamente su crítica y su desazón ante un gobierno que en las reuniones y posteriores conferencias de prensa cede todo, pero que luego en la práctica, se empeña en que nada cambie.
Creyendo que el intendente va a cumplir con su caprichosa y autoritaria sentencia de ni siquiera atenderlos, los médicos van acortando la vara de sus expectativas, hasta que finalmente, algunos de ellos se conformarán con pensar que en el año venidero, la municipalidad pondrá algunas monedas más en sus bolsillos como toda respuesta a sus justos e inobjetables reclamos. Mientras tanto, la municipalidad habrá pasado de un presupuesto de 57 millones en 2003 a 128 millones para este año (¿cómo pueden argumentar frente a los médicos —sin que se les caiga la cara de vergüenza— que no hay dinero para recompensarlos con dignidad?).
Un último corolario de los dichos de nuestro primer mandatario es que resulta envidiable ver a alguien como él, que habiendo reconocido "vivir de la política", pueda darse el lujo de vacacionar como lo hace, ya sea en las cálidas aguas caribeñas, o en las doradas arenas del vecino Brasil. O incluso, en las más lejanas y exclusivas playas de Miami (aunque en este caso el disfrute no sea recibido por él mismo, sino —como dicen los hombres de leyes— por interpósita persona).
En su famosa Carta desde la cárcel de Birmingham, Martin Luther King escribió:
"La historia es el relato largo y trágico del hecho que rara vez los grupos privilegiados (en nuestro caso la "raza política") renuncian a sus privilegios voluntariamente".
Por ello, esperemos que tanto autoritarismo no termine por domesticarnos. Trabajemos para lograr una sociedad equitativa, con ciudadanos plenos de derechos. Y si tuviera que haber privilegiados entre nosotros —como dijo el General Perón— que los únicos privilegiados sean los niños. Los demás, iguales, por favor.
Evidentemente, si Humberto Zúccaro se considera perteneciente a la "raza política", de su afirmación se desprenden dos conclusiones: en primer lugar, que para el jefe comunal, la participación política —y los derechos derivados de ella— constituyen un quehacer sólo reservado a una "raza" de seres humanos, categoría a la que —aunque duela reconocerlo— ni usted lector ni el columnista pertenecemos. La segunda conclusión es que nuestro alcalde esta convencido de pertenecer a esa "raza".
¿Cuál es el sentido de etiquetarse como miembro de una "raza"?: durante la época de la Ilustración, las clasificaciones raciales se usaron para justificar la esclavitud de los "inferiores", las "razas" no blancas, que según suponían nuestros ancestros, estaban mejor preparados para toda la vida de trabajo duro (claro que siempre bajo la supervisión blanca).
Quizás hoy, la intención de presentarse como miembro de una raza responda a las mismas motivaciones. Pero pongamos un ejemplo de cómo funcionan las cosas en Pilar: en 2004, el gobierno anunció que ese sería "el año de la salud", refiriéndose a que todos los recursos económicos y esfuerzos intelectuales irían a resolver lo que para la sociedad era una de sus máximas preocupaciones: el sistema de salud. Hoy, casi 3 años después, la salud pública local está en crisis, hay expulsión de profesionales, y el cada vez más abultado presupuesto de salud se dilapida en partidas que reasigna sistemáticamente a otras áreas el otrora explicador oficial Osvaldo Pugliese; mientras tanto Zúccaro, subido al caballo de creerse miembro de una casta superior (la "raza política") maltrata a los médicos del Hospital Sanguinetti (la "raza inferior"), y dice que nunca más va a reunirse con ellos, porque han cometido el sacrilegio de expresar públicamente su crítica y su desazón ante un gobierno que en las reuniones y posteriores conferencias de prensa cede todo, pero que luego en la práctica, se empeña en que nada cambie.
Creyendo que el intendente va a cumplir con su caprichosa y autoritaria sentencia de ni siquiera atenderlos, los médicos van acortando la vara de sus expectativas, hasta que finalmente, algunos de ellos se conformarán con pensar que en el año venidero, la municipalidad pondrá algunas monedas más en sus bolsillos como toda respuesta a sus justos e inobjetables reclamos. Mientras tanto, la municipalidad habrá pasado de un presupuesto de 57 millones en 2003 a 128 millones para este año (¿cómo pueden argumentar frente a los médicos —sin que se les caiga la cara de vergüenza— que no hay dinero para recompensarlos con dignidad?).
Un último corolario de los dichos de nuestro primer mandatario es que resulta envidiable ver a alguien como él, que habiendo reconocido "vivir de la política", pueda darse el lujo de vacacionar como lo hace, ya sea en las cálidas aguas caribeñas, o en las doradas arenas del vecino Brasil. O incluso, en las más lejanas y exclusivas playas de Miami (aunque en este caso el disfrute no sea recibido por él mismo, sino —como dicen los hombres de leyes— por interpósita persona).
En su famosa Carta desde la cárcel de Birmingham, Martin Luther King escribió:
"La historia es el relato largo y trágico del hecho que rara vez los grupos privilegiados (en nuestro caso la "raza política") renuncian a sus privilegios voluntariamente".
Por ello, esperemos que tanto autoritarismo no termine por domesticarnos. Trabajemos para lograr una sociedad equitativa, con ciudadanos plenos de derechos. Y si tuviera que haber privilegiados entre nosotros —como dijo el General Perón— que los únicos privilegiados sean los niños. Los demás, iguales, por favor.
martes, 12 de septiembre de 2006
Sin Control
(EL DIARIO REGIONAL, 12/09/2006) Decía Perón que “los muchachos son buenos, pero si se los controla, son mejores”, refiriéndose a la conveniencia de establecer mecanismos de control gubernamental, incluso para vigilar a aquellos con quienes compartía un mismo espacio partidario.
A poco más de un año de finalizar su mandato, el jefe comunal es un “muchacho” al que nadie controla, y muchos dudamos que sea bueno.
En teoría, es la sociedad —a través de la prensa, las instituciones intermedias, los partidos políticos— la que establece los mecanismos de “check and balance” para que todo funcione bien. Pero en un gobierno virtualmente sin oposición, los mecanismos de rendición de cuentas se desvanecen, y cuesta escuchar voces disidentes.
La prensa es muchas veces la voz de los que no tienen voz; pero en Pilar, el “cuarto poder” es uno más de los de la vereda oficial; salvo honrosas y cíclicas excepciones, que por fortuna las hay, los medios y periodistas pilarenses se recuestan sobre “la vereda del sol”. Como me dijo una vez a modo de justificación un empresario periodístico que autocensuró la difusión de una noticia ante la amable “sugerencia” de una funcionaria de la Dirección de Prensa comunal, “una cosa son los principios, y otra son los negocios... y esto es un negocio”.
Por su lado, las instituciones intermedias suelen estar cooptadas por punteros que venderían a su madre por un puñado de monedas, o que dejarían sus principios de lado por algún pequeño favor. Por ejemplo, quienes desde la misma cámara empresaria local se oponían a la radicación de un supermercado en el centro de la ciudad hace una década, se terminaron lamentando al tiempo por la falta de inversiones, que a su vez provocó la degradación ininterrumpida del casco histórico; y habiendo aplaudido el estacionamiento medido impuesto durante la gestión de Sergio Bivort, al asumir Humberto Zúccaro aplaudieron la expulsión de los “loritos”; ahora vuelven a acompañar las zigzaguenantes políticas municipales, que irremediablemente terminarán en el punto de partida, cobrando por estacionar.
Los vecinos de la calle Derqui, en La Lonja, todavía recuerdan las promesas hechas por funcionarios de primera línea de Zúccaro, que los visitaron para explicarles en qué consistirían las mejoras que realizarán en el barrio gracias al dinero de la venta de calles al country Mapuche. Por creer en esas promesas, dejaron de reclamar. Hoy, dos años después, la calle Derqui sólo conduce a un portón cerrado con candado, y quienes confiaron en que vivirían sobre asfalto, siguen embarrándose como antes; lo único que les cambió, es que a la ruta panamericana la ven a través de un alambrado, y para alcanzarla, tienen que recorrer muchas cuadras más que antes.
Los partidos políticos merecen un análisis aparte: la mayoría de las vertientes del oficialismo con representación en el deliberativo, parecería que se esfuerzan en pertenecer a bloques legislativos distintos no por diferencias ideológicas irreconciliables, sino más bien para poder mantener ciertos privilegios: cada bloque tiene derecho a designar a su propio personal administrativo, y eso, en el lenguaje de la política, es sinónimo de dinero, y de poder.
Entre las agrupaciones partidarias que no tienen morada en el Honorable Concejo Deliberante, hay algunos ejemplos de una plausible resistencia, de levantar la voz cuando el gobierno comienza a morder la banquina (permítaseme la licencia de incluir en esta categoría a la inclaudicable Casa de Derechos Humanos Catie y Leonie). Pero, vale aclararlo, esas voces nunca jamás fueron escuchadas por los oídos del jefe comunal.
Por eso, como decía Tato Bores en sus inolvidables monólogos, “a estar atentos”, porque lo único que verdaderamente funciona cuando se trata de exigir al gobierno que haga lo que debe, es que la sociedad ocupe su lugar, participando de manera comprometida. Después de todo, la función del gobierno debería ser la de trabajar para fortalecer los derechos de la sociedad, y no —como tantas veces sucede— para debilitarlos.
A poco más de un año de finalizar su mandato, el jefe comunal es un “muchacho” al que nadie controla, y muchos dudamos que sea bueno.
En teoría, es la sociedad —a través de la prensa, las instituciones intermedias, los partidos políticos— la que establece los mecanismos de “check and balance” para que todo funcione bien. Pero en un gobierno virtualmente sin oposición, los mecanismos de rendición de cuentas se desvanecen, y cuesta escuchar voces disidentes.
La prensa es muchas veces la voz de los que no tienen voz; pero en Pilar, el “cuarto poder” es uno más de los de la vereda oficial; salvo honrosas y cíclicas excepciones, que por fortuna las hay, los medios y periodistas pilarenses se recuestan sobre “la vereda del sol”. Como me dijo una vez a modo de justificación un empresario periodístico que autocensuró la difusión de una noticia ante la amable “sugerencia” de una funcionaria de la Dirección de Prensa comunal, “una cosa son los principios, y otra son los negocios... y esto es un negocio”.
Por su lado, las instituciones intermedias suelen estar cooptadas por punteros que venderían a su madre por un puñado de monedas, o que dejarían sus principios de lado por algún pequeño favor. Por ejemplo, quienes desde la misma cámara empresaria local se oponían a la radicación de un supermercado en el centro de la ciudad hace una década, se terminaron lamentando al tiempo por la falta de inversiones, que a su vez provocó la degradación ininterrumpida del casco histórico; y habiendo aplaudido el estacionamiento medido impuesto durante la gestión de Sergio Bivort, al asumir Humberto Zúccaro aplaudieron la expulsión de los “loritos”; ahora vuelven a acompañar las zigzaguenantes políticas municipales, que irremediablemente terminarán en el punto de partida, cobrando por estacionar.
Los vecinos de la calle Derqui, en La Lonja, todavía recuerdan las promesas hechas por funcionarios de primera línea de Zúccaro, que los visitaron para explicarles en qué consistirían las mejoras que realizarán en el barrio gracias al dinero de la venta de calles al country Mapuche. Por creer en esas promesas, dejaron de reclamar. Hoy, dos años después, la calle Derqui sólo conduce a un portón cerrado con candado, y quienes confiaron en que vivirían sobre asfalto, siguen embarrándose como antes; lo único que les cambió, es que a la ruta panamericana la ven a través de un alambrado, y para alcanzarla, tienen que recorrer muchas cuadras más que antes.
Los partidos políticos merecen un análisis aparte: la mayoría de las vertientes del oficialismo con representación en el deliberativo, parecería que se esfuerzan en pertenecer a bloques legislativos distintos no por diferencias ideológicas irreconciliables, sino más bien para poder mantener ciertos privilegios: cada bloque tiene derecho a designar a su propio personal administrativo, y eso, en el lenguaje de la política, es sinónimo de dinero, y de poder.
Entre las agrupaciones partidarias que no tienen morada en el Honorable Concejo Deliberante, hay algunos ejemplos de una plausible resistencia, de levantar la voz cuando el gobierno comienza a morder la banquina (permítaseme la licencia de incluir en esta categoría a la inclaudicable Casa de Derechos Humanos Catie y Leonie). Pero, vale aclararlo, esas voces nunca jamás fueron escuchadas por los oídos del jefe comunal.
Por eso, como decía Tato Bores en sus inolvidables monólogos, “a estar atentos”, porque lo único que verdaderamente funciona cuando se trata de exigir al gobierno que haga lo que debe, es que la sociedad ocupe su lugar, participando de manera comprometida. Después de todo, la función del gobierno debería ser la de trabajar para fortalecer los derechos de la sociedad, y no —como tantas veces sucede— para debilitarlos.
Sin Control
(EL DIARIO REGIONAL, 12/09/2006) Decía Perón que “los muchachos son buenos, pero si se los controla, son mejores”, refiriéndose a la conveniencia de establecer mecanismos de control gubernamental, incluso para vigilar a aquellos con quienes compartía un mismo espacio partidario.
A poco más de un año de finalizar su mandato, el jefe comunal es un “muchacho” al que nadie controla, y muchos dudamos que sea bueno.
En teoría, es la sociedad —a través de la prensa, las instituciones intermedias, los partidos políticos— la que establece los mecanismos de “check and balance” para que todo funcione bien. Pero en un gobierno virtualmente sin oposición, los mecanismos de rendición de cuentas se desvanecen, y cuesta escuchar voces disidentes.
La prensa es muchas veces la voz de los que no tienen voz; pero en Pilar, el “cuarto poder” es uno más de los de la vereda oficial; salvo honrosas y cíclicas excepciones, que por fortuna las hay, los medios y periodistas pilarenses se recuestan sobre “la vereda del sol”. Como me dijo una vez a modo de justificación un empresario periodístico que autocensuró la difusión de una noticia ante la amable “sugerencia” de una funcionaria de la Dirección de Prensa comunal, “una cosa son los principios, y otra son los negocios... y esto es un negocio”.
Por su lado, las instituciones intermedias suelen estar cooptadas por punteros que venderían a su madre por un puñado de monedas, o que dejarían sus principios de lado por algún pequeño favor. Por ejemplo, quienes desde la misma cámara empresaria local se oponían a la radicación de un supermercado en el centro de la ciudad hace una década, se terminaron lamentando al tiempo por la falta de inversiones, que a su vez provocó la degradación ininterrumpida del casco histórico; y habiendo aplaudido el estacionamiento medido impuesto durante la gestión de Sergio Bivort, al asumir Humberto Zúccaro aplaudieron la expulsión de los “loritos”; ahora vuelven a acompañar las zigzaguenantes políticas municipales, que irremediablemente terminarán en el punto de partida, cobrando por estacionar.
Los vecinos de la calle Derqui, en La Lonja, todavía recuerdan las promesas hechas por funcionarios de primera línea de Zúccaro, que los visitaron para explicarles en qué consistirían las mejoras que realizarán en el barrio gracias al dinero de la venta de calles al country Mapuche. Por creer en esas promesas, dejaron de reclamar. Hoy, dos años después, la calle Derqui sólo conduce a un portón cerrado con candado, y quienes confiaron en que vivirían sobre asfalto, siguen embarrándose como antes; lo único que les cambió, es que a la ruta panamericana la ven a través de un alambrado, y para alcanzarla, tienen que recorrer muchas cuadras más que antes.
Los partidos políticos merecen un análisis aparte: la mayoría de las vertientes del oficialismo con representación en el deliberativo, parecería que se esfuerzan en pertenecer a bloques legislativos distintos no por diferencias ideológicas irreconciliables, sino más bien para poder mantener ciertos privilegios: cada bloque tiene derecho a designar a su propio personal administrativo, y eso, en el lenguaje de la política, es sinónimo de dinero, y de poder.
Entre las agrupaciones partidarias que no tienen morada en el Honorable Concejo Deliberante, hay algunos ejemplos de una plausible resistencia, de levantar la voz cuando el gobierno comienza a morder la banquina (permítaseme la licencia de incluir en esta categoría a la inclaudicable Casa de Derechos Humanos Catie y Leonie). Pero, vale aclararlo, esas voces nunca jamás fueron escuchadas por los oídos del jefe comunal.
Por eso, como decía Tato Bores en sus inolvidables monólogos, “a estar atentos”, porque lo único que verdaderamente funciona cuando se trata de exigir al gobierno que haga lo que debe, es que la sociedad ocupe su lugar, participando de manera comprometida. Después de todo, la función del gobierno debería ser la de trabajar para fortalecer los derechos de la sociedad, y no —como tantas veces sucede— para debilitarlos.
A poco más de un año de finalizar su mandato, el jefe comunal es un “muchacho” al que nadie controla, y muchos dudamos que sea bueno.
En teoría, es la sociedad —a través de la prensa, las instituciones intermedias, los partidos políticos— la que establece los mecanismos de “check and balance” para que todo funcione bien. Pero en un gobierno virtualmente sin oposición, los mecanismos de rendición de cuentas se desvanecen, y cuesta escuchar voces disidentes.
La prensa es muchas veces la voz de los que no tienen voz; pero en Pilar, el “cuarto poder” es uno más de los de la vereda oficial; salvo honrosas y cíclicas excepciones, que por fortuna las hay, los medios y periodistas pilarenses se recuestan sobre “la vereda del sol”. Como me dijo una vez a modo de justificación un empresario periodístico que autocensuró la difusión de una noticia ante la amable “sugerencia” de una funcionaria de la Dirección de Prensa comunal, “una cosa son los principios, y otra son los negocios... y esto es un negocio”.
Por su lado, las instituciones intermedias suelen estar cooptadas por punteros que venderían a su madre por un puñado de monedas, o que dejarían sus principios de lado por algún pequeño favor. Por ejemplo, quienes desde la misma cámara empresaria local se oponían a la radicación de un supermercado en el centro de la ciudad hace una década, se terminaron lamentando al tiempo por la falta de inversiones, que a su vez provocó la degradación ininterrumpida del casco histórico; y habiendo aplaudido el estacionamiento medido impuesto durante la gestión de Sergio Bivort, al asumir Humberto Zúccaro aplaudieron la expulsión de los “loritos”; ahora vuelven a acompañar las zigzaguenantes políticas municipales, que irremediablemente terminarán en el punto de partida, cobrando por estacionar.
Los vecinos de la calle Derqui, en La Lonja, todavía recuerdan las promesas hechas por funcionarios de primera línea de Zúccaro, que los visitaron para explicarles en qué consistirían las mejoras que realizarán en el barrio gracias al dinero de la venta de calles al country Mapuche. Por creer en esas promesas, dejaron de reclamar. Hoy, dos años después, la calle Derqui sólo conduce a un portón cerrado con candado, y quienes confiaron en que vivirían sobre asfalto, siguen embarrándose como antes; lo único que les cambió, es que a la ruta panamericana la ven a través de un alambrado, y para alcanzarla, tienen que recorrer muchas cuadras más que antes.
Los partidos políticos merecen un análisis aparte: la mayoría de las vertientes del oficialismo con representación en el deliberativo, parecería que se esfuerzan en pertenecer a bloques legislativos distintos no por diferencias ideológicas irreconciliables, sino más bien para poder mantener ciertos privilegios: cada bloque tiene derecho a designar a su propio personal administrativo, y eso, en el lenguaje de la política, es sinónimo de dinero, y de poder.
Entre las agrupaciones partidarias que no tienen morada en el Honorable Concejo Deliberante, hay algunos ejemplos de una plausible resistencia, de levantar la voz cuando el gobierno comienza a morder la banquina (permítaseme la licencia de incluir en esta categoría a la inclaudicable Casa de Derechos Humanos Catie y Leonie). Pero, vale aclararlo, esas voces nunca jamás fueron escuchadas por los oídos del jefe comunal.
Por eso, como decía Tato Bores en sus inolvidables monólogos, “a estar atentos”, porque lo único que verdaderamente funciona cuando se trata de exigir al gobierno que haga lo que debe, es que la sociedad ocupe su lugar, participando de manera comprometida. Después de todo, la función del gobierno debería ser la de trabajar para fortalecer los derechos de la sociedad, y no —como tantas veces sucede— para debilitarlos.
miércoles, 23 de agosto de 2006
Gobierno fractal
(EL DIARIO REGIONAL, 23/08/2006) Benoit Mandelbrot es un octogenario matemático de origen polaco que desarrolló una nueva geometría basada en “fractales”. El concepto sirve para describir mejor los contornos irregulares y aparentemente caóticos del mundo que nos rodea: sus fórmulas permiten estudiar la configuración de árboles y nubes, cordilleras y costas, células y órganos, compuestos químicos y galaxias.
Mandelbrot encontró patrones, y esos patrones tienen un carácter "fractal": a grandes rasgos, las formas están hechas de pequeñas copias de sí mismas y sus partes son similares al todo: son parecidas pero a una escala menor. "Si usted observa un árbol de lejos, ve eso, un árbol. Si se aproxima, ve una rama. Pero la rama es muy parecida a un pequeño árbol", afirma el científico polaco.
La teoría de los fractales permitiría entender lo que sucede en Pilar: tras años de reclamar para que se apruebe una ordenanza que reconozca a la información como un derecho y no como una concesión graciosa ofrecida por el gobierno de turno, el acceso a la información pública sigue siendo otra de las promesas incumplidas (y van…).
Según lo informado por El Diario Regional en su edición de ayer, el "ranking de apertura" elaborado por un instituto privado, el IERAL, da cuenta de que nuestro gobierno “de puertas abiertas” —como le gusta autocalificarlo el intendente Humberto Zúccaro— es en realidad un “caso extremo” de “puertas cerradas”, el segundo de los cien casos analizados, siendo superado sólo por la Ciudad de La Rioja.
En el Concejo Deliberante de Pilar las cosas no están mejor. Durante una entrevista que le realizaran por FM Plaza al Concejal Carlos Olivera, hace algunas semanas, afirmó tramposamente que “hay una Ordenanza General, la 267, que te marca el paso de cómo iniciás un expediente, con una nota simple solicitando (la información pública) por mesa de entrada”. Como si poder conocer cómo se seleccionaron los proveedores que cotizaron por la construcción de la peatonal sobre la calle Rivadavia, o cuánto se les paga a los médicos contratados, fuera una tarea más que simple, el jefe de la bancada zuccarista en el Concejo fue más allá: “¿Quién te dijo que no está esa legislación?”, le inquirió al periodista con una inocultable carga de soberbia, típica del gordito que en la cancha del barrio se sabe el dueño de la pelota.
El estudio del IERAL confirma que lo dicho por Olivera no pertenece al campo de la realidad, sino más bien al de la ficción, y que el gobierno zuccarista no brinda la información que se le solicita como debiera.
A nivel nacional, el gobierno de Kirchner ha declamado ser también “de puertas abiertas”, pero cuando hace un año el saludable proyecto de ley de libre acceso a la información pública pasó por el Senado, hizo lo imposible para desvirtuarlo.
Como los fractales de Mandelbrot, el gobierno local es —en cuanto a la transparencia— una pequeña rama del gobierno nacional. El patrón de falta de apertura de uno, se replica en el otro como las formas del árbol y sus ramas. A su vez, a nivel de la gestión municipal de Pilar, tanto el Departamento Ejecutivo como el Concejo Deliberante, replican también idénticas mañas.
Al observar un gobierno poco transparente de lejos, se ve un gobierno poco transparente. Pero si uno se aproxima, podrá ver al gobierno municipal, muy parecido a un gobierno poco transparente.
Mandelbrot encontró patrones, y esos patrones tienen un carácter "fractal": a grandes rasgos, las formas están hechas de pequeñas copias de sí mismas y sus partes son similares al todo: son parecidas pero a una escala menor. "Si usted observa un árbol de lejos, ve eso, un árbol. Si se aproxima, ve una rama. Pero la rama es muy parecida a un pequeño árbol", afirma el científico polaco.
La teoría de los fractales permitiría entender lo que sucede en Pilar: tras años de reclamar para que se apruebe una ordenanza que reconozca a la información como un derecho y no como una concesión graciosa ofrecida por el gobierno de turno, el acceso a la información pública sigue siendo otra de las promesas incumplidas (y van…).
Según lo informado por El Diario Regional en su edición de ayer, el "ranking de apertura" elaborado por un instituto privado, el IERAL, da cuenta de que nuestro gobierno “de puertas abiertas” —como le gusta autocalificarlo el intendente Humberto Zúccaro— es en realidad un “caso extremo” de “puertas cerradas”, el segundo de los cien casos analizados, siendo superado sólo por la Ciudad de La Rioja.
En el Concejo Deliberante de Pilar las cosas no están mejor. Durante una entrevista que le realizaran por FM Plaza al Concejal Carlos Olivera, hace algunas semanas, afirmó tramposamente que “hay una Ordenanza General, la 267, que te marca el paso de cómo iniciás un expediente, con una nota simple solicitando (la información pública) por mesa de entrada”. Como si poder conocer cómo se seleccionaron los proveedores que cotizaron por la construcción de la peatonal sobre la calle Rivadavia, o cuánto se les paga a los médicos contratados, fuera una tarea más que simple, el jefe de la bancada zuccarista en el Concejo fue más allá: “¿Quién te dijo que no está esa legislación?”, le inquirió al periodista con una inocultable carga de soberbia, típica del gordito que en la cancha del barrio se sabe el dueño de la pelota.
El estudio del IERAL confirma que lo dicho por Olivera no pertenece al campo de la realidad, sino más bien al de la ficción, y que el gobierno zuccarista no brinda la información que se le solicita como debiera.
A nivel nacional, el gobierno de Kirchner ha declamado ser también “de puertas abiertas”, pero cuando hace un año el saludable proyecto de ley de libre acceso a la información pública pasó por el Senado, hizo lo imposible para desvirtuarlo.
Como los fractales de Mandelbrot, el gobierno local es —en cuanto a la transparencia— una pequeña rama del gobierno nacional. El patrón de falta de apertura de uno, se replica en el otro como las formas del árbol y sus ramas. A su vez, a nivel de la gestión municipal de Pilar, tanto el Departamento Ejecutivo como el Concejo Deliberante, replican también idénticas mañas.
Al observar un gobierno poco transparente de lejos, se ve un gobierno poco transparente. Pero si uno se aproxima, podrá ver al gobierno municipal, muy parecido a un gobierno poco transparente.
Gobierno fractal
(EL DIARIO REGIONAL, 23/08/2006) Benoit Mandelbrot es un octogenario matemático de origen polaco que desarrolló una nueva geometría basada en “fractales”. El concepto sirve para describir mejor los contornos irregulares y aparentemente caóticos del mundo que nos rodea: sus fórmulas permiten estudiar la configuración de árboles y nubes, cordilleras y costas, células y órganos, compuestos químicos y galaxias.
Mandelbrot encontró patrones, y esos patrones tienen un carácter "fractal": a grandes rasgos, las formas están hechas de pequeñas copias de sí mismas y sus partes son similares al todo: son parecidas pero a una escala menor. "Si usted observa un árbol de lejos, ve eso, un árbol. Si se aproxima, ve una rama. Pero la rama es muy parecida a un pequeño árbol", afirma el científico polaco.
La teoría de los fractales permitiría entender lo que sucede en Pilar: tras años de reclamar para que se apruebe una ordenanza que reconozca a la información como un derecho y no como una concesión graciosa ofrecida por el gobierno de turno, el acceso a la información pública sigue siendo otra de las promesas incumplidas (y van…).
Según lo informado por El Diario Regional en su edición de ayer, el "ranking de apertura" elaborado por un instituto privado, el IERAL, da cuenta de que nuestro gobierno “de puertas abiertas” —como le gusta autocalificarlo el intendente Humberto Zúccaro— es en realidad un “caso extremo” de “puertas cerradas”, el segundo de los cien casos analizados, siendo superado sólo por la Ciudad de La Rioja.
En el Concejo Deliberante de Pilar las cosas no están mejor. Durante una entrevista que le realizaran por FM Plaza al Concejal Carlos Olivera, hace algunas semanas, afirmó tramposamente que “hay una Ordenanza General, la 267, que te marca el paso de cómo iniciás un expediente, con una nota simple solicitando (la información pública) por mesa de entrada”. Como si poder conocer cómo se seleccionaron los proveedores que cotizaron por la construcción de la peatonal sobre la calle Rivadavia, o cuánto se les paga a los médicos contratados, fuera una tarea más que simple, el jefe de la bancada zuccarista en el Concejo fue más allá: “¿Quién te dijo que no está esa legislación?”, le inquirió al periodista con una inocultable carga de soberbia, típica del gordito que en la cancha del barrio se sabe el dueño de la pelota.
El estudio del IERAL confirma que lo dicho por Olivera no pertenece al campo de la realidad, sino más bien al de la ficción, y que el gobierno zuccarista no brinda la información que se le solicita como debiera.
A nivel nacional, el gobierno de Kirchner ha declamado ser también “de puertas abiertas”, pero cuando hace un año el saludable proyecto de ley de libre acceso a la información pública pasó por el Senado, hizo lo imposible para desvirtuarlo.
Como los fractales de Mandelbrot, el gobierno local es —en cuanto a la transparencia— una pequeña rama del gobierno nacional. El patrón de falta de apertura de uno, se replica en el otro como las formas del árbol y sus ramas. A su vez, a nivel de la gestión municipal de Pilar, tanto el Departamento Ejecutivo como el Concejo Deliberante, replican también idénticas mañas.
Al observar un gobierno poco transparente de lejos, se ve un gobierno poco transparente. Pero si uno se aproxima, podrá ver al gobierno municipal, muy parecido a un gobierno poco transparente.
Mandelbrot encontró patrones, y esos patrones tienen un carácter "fractal": a grandes rasgos, las formas están hechas de pequeñas copias de sí mismas y sus partes son similares al todo: son parecidas pero a una escala menor. "Si usted observa un árbol de lejos, ve eso, un árbol. Si se aproxima, ve una rama. Pero la rama es muy parecida a un pequeño árbol", afirma el científico polaco.
La teoría de los fractales permitiría entender lo que sucede en Pilar: tras años de reclamar para que se apruebe una ordenanza que reconozca a la información como un derecho y no como una concesión graciosa ofrecida por el gobierno de turno, el acceso a la información pública sigue siendo otra de las promesas incumplidas (y van…).
Según lo informado por El Diario Regional en su edición de ayer, el "ranking de apertura" elaborado por un instituto privado, el IERAL, da cuenta de que nuestro gobierno “de puertas abiertas” —como le gusta autocalificarlo el intendente Humberto Zúccaro— es en realidad un “caso extremo” de “puertas cerradas”, el segundo de los cien casos analizados, siendo superado sólo por la Ciudad de La Rioja.
En el Concejo Deliberante de Pilar las cosas no están mejor. Durante una entrevista que le realizaran por FM Plaza al Concejal Carlos Olivera, hace algunas semanas, afirmó tramposamente que “hay una Ordenanza General, la 267, que te marca el paso de cómo iniciás un expediente, con una nota simple solicitando (la información pública) por mesa de entrada”. Como si poder conocer cómo se seleccionaron los proveedores que cotizaron por la construcción de la peatonal sobre la calle Rivadavia, o cuánto se les paga a los médicos contratados, fuera una tarea más que simple, el jefe de la bancada zuccarista en el Concejo fue más allá: “¿Quién te dijo que no está esa legislación?”, le inquirió al periodista con una inocultable carga de soberbia, típica del gordito que en la cancha del barrio se sabe el dueño de la pelota.
El estudio del IERAL confirma que lo dicho por Olivera no pertenece al campo de la realidad, sino más bien al de la ficción, y que el gobierno zuccarista no brinda la información que se le solicita como debiera.
A nivel nacional, el gobierno de Kirchner ha declamado ser también “de puertas abiertas”, pero cuando hace un año el saludable proyecto de ley de libre acceso a la información pública pasó por el Senado, hizo lo imposible para desvirtuarlo.
Como los fractales de Mandelbrot, el gobierno local es —en cuanto a la transparencia— una pequeña rama del gobierno nacional. El patrón de falta de apertura de uno, se replica en el otro como las formas del árbol y sus ramas. A su vez, a nivel de la gestión municipal de Pilar, tanto el Departamento Ejecutivo como el Concejo Deliberante, replican también idénticas mañas.
Al observar un gobierno poco transparente de lejos, se ve un gobierno poco transparente. Pero si uno se aproxima, podrá ver al gobierno municipal, muy parecido a un gobierno poco transparente.
domingo, 6 de agosto de 2006
Rehenes
(EL DIARIO REGIONAL, 06/08/2006) El viernes pasado fue un día halagador para los pilarenses que todavía no se jubilaron por falta de aportes, a pesar de haber alcanzado la edad para hacerlo. En un acto “importante” —no tanto por lo que se les anunció a los concurrentes, sino por la cantidad de funcionarios que subieron al escenario— se puso en marcha un programa por medio del cual unas 5000 personas cobrarán una jubilación.
Como para despejar cualquier suspicacia, el titular de la ANSES —que encabezó el acto— dijo que (con el lanzamiento del programa) “sacamos al jubilado de la situación de rehén, donde la dan un bolsón o un subsidio y lo ponemos en situación de derecho”.
Pero, profundizando en las características del anuncio, nos enteramos que no todos quienes tengan la edad para jubilarse recibirán su jubilación. No, eso sería demasiado pedir para un gobierno que ha hecho del clientelismo político su marca registrada. Los nombres de los beneficiarios de este nuevo programa surgirán de un censo que realizará la Dirección de Acción Social, dependencia a cargo de Gladis Zúccaro, que por estas horas está siendo tentada para integrar la lista de candidatos de la aún no admitida campaña “Zúccaro 2007”.
¿No existen demasiadas posibilidades de hacer —como ya es habitual que suceda— un uso clientelar del beneficio jubilatorio anunciado el viernes? ¿no sería mejor que la asistencia estatal fuera universal, es decir que alcanzara a todos, y no a “algunas personas de los sectores más desprotegidos”? ¿cómo confeccionará la dependencia liderada por la hermana del alcalde un listado de pilarenses comenzando por “el más desprotegido” y siguiendo por los demás según su grado de “desprotección” hasta el número 5000?
En Pilar había a fines de 2005 unos 40 mil beneficiarios de la asistencia estatal. De ellos, más de 10 mil cobraban el Plan Jefes y Jefas, que era monitoreados por el Consejo Consultivo local, algo así como la escribanía del intendente, que daba fe de que todo todos los procedimientos se cumplían con la máxima transparencia. Sin embargo, el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, aseguró por entonces que “desde las intendencias o del Estado nacional hay una fuerte extorsión a los beneficiarios de planes, que a cambio de no sacarles el Plan Jefes y Jefas se les pide apoyo electoral, dinero o contraprestaciones de las más variadas”. Según el Foro del Sector Social y Caritas, más del 60% de los consejos consultivos municipales estaba cooptado por los intendentes.
Impuestos
Si los gobiernos oportunistas podían presionar a los pobres con la entrega de bolsones de comida, o la quita del beneficio social, ahora también podrían llegar a “comprar” a los no pobres: el mismo día que se inauguró la ANSES, se conoció que el gobierno provincial está proponiendo levantar el secreto fiscal, mediante la firma de convenios con las municipalidades. Así, un municipio como Pilar podría disponer de información sensible (y legitimación) para presionar a contribuyentes morosos, no ya de tasas municipales, sino de tributos de la provincia.
Un hipermercado (o una industria) que adeudare alguna cuota del impuesto inmobiliario, por ejemplo, podría ser “invitado” a “colaborar” con tal o cual campaña re-eleccionista, bajo pena de sufrir más que con las siete plagas bíblicas. Para el constitucionalista Gregorio Badeni, “darles información a otros organismos (como las municipalidades) sería una arbitrariedad”.
Claro que de arbitrariedades, de apariencias y de promesas falsas, nuestra vida política está llena. Y de personas inocentes que se las creen, también. Quizás sea hora de que unos y otros relean un poco a Perón: “El éxito se elabora y construye sobre la realidad y no sobre las falsas apariencias, por halagadoras que estas sean”.
Como para despejar cualquier suspicacia, el titular de la ANSES —que encabezó el acto— dijo que (con el lanzamiento del programa) “sacamos al jubilado de la situación de rehén, donde la dan un bolsón o un subsidio y lo ponemos en situación de derecho”.
Pero, profundizando en las características del anuncio, nos enteramos que no todos quienes tengan la edad para jubilarse recibirán su jubilación. No, eso sería demasiado pedir para un gobierno que ha hecho del clientelismo político su marca registrada. Los nombres de los beneficiarios de este nuevo programa surgirán de un censo que realizará la Dirección de Acción Social, dependencia a cargo de Gladis Zúccaro, que por estas horas está siendo tentada para integrar la lista de candidatos de la aún no admitida campaña “Zúccaro 2007”.
¿No existen demasiadas posibilidades de hacer —como ya es habitual que suceda— un uso clientelar del beneficio jubilatorio anunciado el viernes? ¿no sería mejor que la asistencia estatal fuera universal, es decir que alcanzara a todos, y no a “algunas personas de los sectores más desprotegidos”? ¿cómo confeccionará la dependencia liderada por la hermana del alcalde un listado de pilarenses comenzando por “el más desprotegido” y siguiendo por los demás según su grado de “desprotección” hasta el número 5000?
En Pilar había a fines de 2005 unos 40 mil beneficiarios de la asistencia estatal. De ellos, más de 10 mil cobraban el Plan Jefes y Jefas, que era monitoreados por el Consejo Consultivo local, algo así como la escribanía del intendente, que daba fe de que todo todos los procedimientos se cumplían con la máxima transparencia. Sin embargo, el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, aseguró por entonces que “desde las intendencias o del Estado nacional hay una fuerte extorsión a los beneficiarios de planes, que a cambio de no sacarles el Plan Jefes y Jefas se les pide apoyo electoral, dinero o contraprestaciones de las más variadas”. Según el Foro del Sector Social y Caritas, más del 60% de los consejos consultivos municipales estaba cooptado por los intendentes.
Impuestos
Si los gobiernos oportunistas podían presionar a los pobres con la entrega de bolsones de comida, o la quita del beneficio social, ahora también podrían llegar a “comprar” a los no pobres: el mismo día que se inauguró la ANSES, se conoció que el gobierno provincial está proponiendo levantar el secreto fiscal, mediante la firma de convenios con las municipalidades. Así, un municipio como Pilar podría disponer de información sensible (y legitimación) para presionar a contribuyentes morosos, no ya de tasas municipales, sino de tributos de la provincia.
Un hipermercado (o una industria) que adeudare alguna cuota del impuesto inmobiliario, por ejemplo, podría ser “invitado” a “colaborar” con tal o cual campaña re-eleccionista, bajo pena de sufrir más que con las siete plagas bíblicas. Para el constitucionalista Gregorio Badeni, “darles información a otros organismos (como las municipalidades) sería una arbitrariedad”.
Claro que de arbitrariedades, de apariencias y de promesas falsas, nuestra vida política está llena. Y de personas inocentes que se las creen, también. Quizás sea hora de que unos y otros relean un poco a Perón: “El éxito se elabora y construye sobre la realidad y no sobre las falsas apariencias, por halagadoras que estas sean”.
Rehenes
(EL DIARIO REGIONAL, 06/08/2006) El viernes pasado fue un día halagador para los pilarenses que todavía no se jubilaron por falta de aportes, a pesar de haber alcanzado la edad para hacerlo. En un acto “importante” —no tanto por lo que se les anunció a los concurrentes, sino por la cantidad de funcionarios que subieron al escenario— se puso en marcha un programa por medio del cual unas 5000 personas cobrarán una jubilación.
Como para despejar cualquier suspicacia, el titular de la ANSES —que encabezó el acto— dijo que (con el lanzamiento del programa) “sacamos al jubilado de la situación de rehén, donde la dan un bolsón o un subsidio y lo ponemos en situación de derecho”.
Pero, profundizando en las características del anuncio, nos enteramos que no todos quienes tengan la edad para jubilarse recibirán su jubilación. No, eso sería demasiado pedir para un gobierno que ha hecho del clientelismo político su marca registrada. Los nombres de los beneficiarios de este nuevo programa surgirán de un censo que realizará la Dirección de Acción Social, dependencia a cargo de Gladis Zúccaro, que por estas horas está siendo tentada para integrar la lista de candidatos de la aún no admitida campaña “Zúccaro 2007”.
¿No existen demasiadas posibilidades de hacer —como ya es habitual que suceda— un uso clientelar del beneficio jubilatorio anunciado el viernes? ¿no sería mejor que la asistencia estatal fuera universal, es decir que alcanzara a todos, y no a “algunas personas de los sectores más desprotegidos”? ¿cómo confeccionará la dependencia liderada por la hermana del alcalde un listado de pilarenses comenzando por “el más desprotegido” y siguiendo por los demás según su grado de “desprotección” hasta el número 5000?
En Pilar había a fines de 2005 unos 40 mil beneficiarios de la asistencia estatal. De ellos, más de 10 mil cobraban el Plan Jefes y Jefas, que era monitoreados por el Consejo Consultivo local, algo así como la escribanía del intendente, que daba fe de que todo todos los procedimientos se cumplían con la máxima transparencia. Sin embargo, el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, aseguró por entonces que “desde las intendencias o del Estado nacional hay una fuerte extorsión a los beneficiarios de planes, que a cambio de no sacarles el Plan Jefes y Jefas se les pide apoyo electoral, dinero o contraprestaciones de las más variadas”. Según el Foro del Sector Social y Caritas, más del 60% de los consejos consultivos municipales estaba cooptado por los intendentes.
Impuestos
Si los gobiernos oportunistas podían presionar a los pobres con la entrega de bolsones de comida, o la quita del beneficio social, ahora también podrían llegar a “comprar” a los no pobres: el mismo día que se inauguró la ANSES, se conoció que el gobierno provincial está proponiendo levantar el secreto fiscal, mediante la firma de convenios con las municipalidades. Así, un municipio como Pilar podría disponer de información sensible (y legitimación) para presionar a contribuyentes morosos, no ya de tasas municipales, sino de tributos de la provincia.
Un hipermercado (o una industria) que adeudare alguna cuota del impuesto inmobiliario, por ejemplo, podría ser “invitado” a “colaborar” con tal o cual campaña re-eleccionista, bajo pena de sufrir más que con las siete plagas bíblicas. Para el constitucionalista Gregorio Badeni, “darles información a otros organismos (como las municipalidades) sería una arbitrariedad”.
Claro que de arbitrariedades, de apariencias y de promesas falsas, nuestra vida política está llena. Y de personas inocentes que se las creen, también. Quizás sea hora de que unos y otros relean un poco a Perón: “El éxito se elabora y construye sobre la realidad y no sobre las falsas apariencias, por halagadoras que estas sean”.
Como para despejar cualquier suspicacia, el titular de la ANSES —que encabezó el acto— dijo que (con el lanzamiento del programa) “sacamos al jubilado de la situación de rehén, donde la dan un bolsón o un subsidio y lo ponemos en situación de derecho”.
Pero, profundizando en las características del anuncio, nos enteramos que no todos quienes tengan la edad para jubilarse recibirán su jubilación. No, eso sería demasiado pedir para un gobierno que ha hecho del clientelismo político su marca registrada. Los nombres de los beneficiarios de este nuevo programa surgirán de un censo que realizará la Dirección de Acción Social, dependencia a cargo de Gladis Zúccaro, que por estas horas está siendo tentada para integrar la lista de candidatos de la aún no admitida campaña “Zúccaro 2007”.
¿No existen demasiadas posibilidades de hacer —como ya es habitual que suceda— un uso clientelar del beneficio jubilatorio anunciado el viernes? ¿no sería mejor que la asistencia estatal fuera universal, es decir que alcanzara a todos, y no a “algunas personas de los sectores más desprotegidos”? ¿cómo confeccionará la dependencia liderada por la hermana del alcalde un listado de pilarenses comenzando por “el más desprotegido” y siguiendo por los demás según su grado de “desprotección” hasta el número 5000?
En Pilar había a fines de 2005 unos 40 mil beneficiarios de la asistencia estatal. De ellos, más de 10 mil cobraban el Plan Jefes y Jefas, que era monitoreados por el Consejo Consultivo local, algo así como la escribanía del intendente, que daba fe de que todo todos los procedimientos se cumplían con la máxima transparencia. Sin embargo, el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, aseguró por entonces que “desde las intendencias o del Estado nacional hay una fuerte extorsión a los beneficiarios de planes, que a cambio de no sacarles el Plan Jefes y Jefas se les pide apoyo electoral, dinero o contraprestaciones de las más variadas”. Según el Foro del Sector Social y Caritas, más del 60% de los consejos consultivos municipales estaba cooptado por los intendentes.
Impuestos
Si los gobiernos oportunistas podían presionar a los pobres con la entrega de bolsones de comida, o la quita del beneficio social, ahora también podrían llegar a “comprar” a los no pobres: el mismo día que se inauguró la ANSES, se conoció que el gobierno provincial está proponiendo levantar el secreto fiscal, mediante la firma de convenios con las municipalidades. Así, un municipio como Pilar podría disponer de información sensible (y legitimación) para presionar a contribuyentes morosos, no ya de tasas municipales, sino de tributos de la provincia.
Un hipermercado (o una industria) que adeudare alguna cuota del impuesto inmobiliario, por ejemplo, podría ser “invitado” a “colaborar” con tal o cual campaña re-eleccionista, bajo pena de sufrir más que con las siete plagas bíblicas. Para el constitucionalista Gregorio Badeni, “darles información a otros organismos (como las municipalidades) sería una arbitrariedad”.
Claro que de arbitrariedades, de apariencias y de promesas falsas, nuestra vida política está llena. Y de personas inocentes que se las creen, también. Quizás sea hora de que unos y otros relean un poco a Perón: “El éxito se elabora y construye sobre la realidad y no sobre las falsas apariencias, por halagadoras que estas sean”.
martes, 1 de agosto de 2006
Semi-transparentes
(EL DIARIO REGIONAL, 01/08/006) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "cualquier política dirigida a obstaculizar el acceso a información relativa a la gestión estatal, a la que tienen derecho todas las personas, tiene el riesgo de promover la corrupción dentro de los órganos del Estado debilitando así las democracias".
Mucho se ha dicho desde la administración pública sobre el flagelo de la corrupción política, pero poco se ha hecho. Las máximas autoridades del gobierno local justifican su accionar discrecional con el argumento de que es legal. Podrá ser legal, pero no es transparente.
Analicemos el caso de la última licitación “importante” del gobierno: la semipeatonalización de la calle Rivadavia, en el centro de la Ciudad de Pilar. El llamado a licitación fue “privado”, es decir, se invitó a 4 empresas para que oferten. La licitación no fue pública porque “legalmente” se pueden hacer licitaciones privadas si el monto involucrado en la obra está por debajo de determinado monto, que -en el caso de la calle Rivadavia-, no se iba a superar.
Claro que una cosa es lo “iba” a suceder, y otra muy distinta es lo que realmente sucedió: el jueves pasado se conoció la decisión del intendente de transformar a la futura semipeatonal en peatonal. Nada que criticar por eso. Pero lo que era semitransparente por no haberse contratado a través de una licitación pública, ahora se está volviendo completamente opaco: el llamado a licitación privada y posterior adjudicación de la obra recayó en la firma Tordel SA, constituida hace apenas 4 meses. ¿No hay “empresarios pilarenses” (como le gusta decir al jefe comunal) con más trayectoria, y en consecuencia con menor riesgo de eventuales incumplimientos o inconvenientes para el municipio?. ¿No hay en Pilar ni siquiera 4 empresas constructoras que tengan buenos antecedentes y al menos un par de años de experiencia?. Las modificaciones anunciadas la semana pasada elevarán el monto de la obra en unos 200 mil pesos. Si sumamos al monto inicial esta ampliación, se superará ampliamente el monto que hubiera obligado a que el llamado a licitación fuese público. En cambio, con incrementos posteriores a la adjudicación, se gambetea una condición –la de llamar a licitación pública- que garantiza sin dudas una mayor transparencia.
Todas estas cuestiones, que no son menores, se minimizarían si hubiera libre acceso a la información municipal. Pero no lo hay, y por los antecedentes de este gobierno, creo que se va a cumplir antes con la eterna promesa de asfaltar la Ruta 26, que lo que llevará contar con una ordenanza de libre acceso a la información.
Con información, los vecinos sabrían que hace más de un año, el gobierno prometió que a cambio de permitir el aumento del boleto de colectivos, las empresas cumplirían con circulación de móviles las 24 horas, una mayor frecuencia en los recorridos, la construcción de refugios en las paradas, etc. De todos esos compromisos, lo único que tenemos hoy es el boleto más caro.
Con información, los vecinos sabrían que el aumento en las tarifas de Sudamericana de Aguas (cuya segunda etapa se sentirá en el próximo mes de septiembre), fue aprobado por el gobierno argumentando que “van a hacer varias obras que si no las cumplen no se les dará el incremento”. Entre las obras, figuraban la creación de un ente de control y el compromiso de la empresa a erradicar la planta depuradora de la calle Champagnat haciéndose cargo de ese costo. Hasta ahora, lo único real es el aumento.
Fueron demasiadas las veces que el gobierno pidió sacrificios a los vecinos, prometiendo a cambio que el futuro sería mejor. Quizás en algunos meses, podremos sentarnos en alguno de los bancos de la peatonal a esperar sentados ese futuro que permanentemente se nos promete, pero que nunca llega.
Mucho se ha dicho desde la administración pública sobre el flagelo de la corrupción política, pero poco se ha hecho. Las máximas autoridades del gobierno local justifican su accionar discrecional con el argumento de que es legal. Podrá ser legal, pero no es transparente.
Analicemos el caso de la última licitación “importante” del gobierno: la semipeatonalización de la calle Rivadavia, en el centro de la Ciudad de Pilar. El llamado a licitación fue “privado”, es decir, se invitó a 4 empresas para que oferten. La licitación no fue pública porque “legalmente” se pueden hacer licitaciones privadas si el monto involucrado en la obra está por debajo de determinado monto, que -en el caso de la calle Rivadavia-, no se iba a superar.
Claro que una cosa es lo “iba” a suceder, y otra muy distinta es lo que realmente sucedió: el jueves pasado se conoció la decisión del intendente de transformar a la futura semipeatonal en peatonal. Nada que criticar por eso. Pero lo que era semitransparente por no haberse contratado a través de una licitación pública, ahora se está volviendo completamente opaco: el llamado a licitación privada y posterior adjudicación de la obra recayó en la firma Tordel SA, constituida hace apenas 4 meses. ¿No hay “empresarios pilarenses” (como le gusta decir al jefe comunal) con más trayectoria, y en consecuencia con menor riesgo de eventuales incumplimientos o inconvenientes para el municipio?. ¿No hay en Pilar ni siquiera 4 empresas constructoras que tengan buenos antecedentes y al menos un par de años de experiencia?. Las modificaciones anunciadas la semana pasada elevarán el monto de la obra en unos 200 mil pesos. Si sumamos al monto inicial esta ampliación, se superará ampliamente el monto que hubiera obligado a que el llamado a licitación fuese público. En cambio, con incrementos posteriores a la adjudicación, se gambetea una condición –la de llamar a licitación pública- que garantiza sin dudas una mayor transparencia.
Todas estas cuestiones, que no son menores, se minimizarían si hubiera libre acceso a la información municipal. Pero no lo hay, y por los antecedentes de este gobierno, creo que se va a cumplir antes con la eterna promesa de asfaltar la Ruta 26, que lo que llevará contar con una ordenanza de libre acceso a la información.
Con información, los vecinos sabrían que hace más de un año, el gobierno prometió que a cambio de permitir el aumento del boleto de colectivos, las empresas cumplirían con circulación de móviles las 24 horas, una mayor frecuencia en los recorridos, la construcción de refugios en las paradas, etc. De todos esos compromisos, lo único que tenemos hoy es el boleto más caro.
Con información, los vecinos sabrían que el aumento en las tarifas de Sudamericana de Aguas (cuya segunda etapa se sentirá en el próximo mes de septiembre), fue aprobado por el gobierno argumentando que “van a hacer varias obras que si no las cumplen no se les dará el incremento”. Entre las obras, figuraban la creación de un ente de control y el compromiso de la empresa a erradicar la planta depuradora de la calle Champagnat haciéndose cargo de ese costo. Hasta ahora, lo único real es el aumento.
Fueron demasiadas las veces que el gobierno pidió sacrificios a los vecinos, prometiendo a cambio que el futuro sería mejor. Quizás en algunos meses, podremos sentarnos en alguno de los bancos de la peatonal a esperar sentados ese futuro que permanentemente se nos promete, pero que nunca llega.
Semi-transparentes
(EL DIARIO REGIONAL, 01/08/006) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "cualquier política dirigida a obstaculizar el acceso a información relativa a la gestión estatal, a la que tienen derecho todas las personas, tiene el riesgo de promover la corrupción dentro de los órganos del Estado debilitando así las democracias".
Mucho se ha dicho desde la administración pública sobre el flagelo de la corrupción política, pero poco se ha hecho. Las máximas autoridades del gobierno local justifican su accionar discrecional con el argumento de que es legal. Podrá ser legal, pero no es transparente.
Analicemos el caso de la última licitación “importante” del gobierno: la semipeatonalización de la calle Rivadavia, en el centro de la Ciudad de Pilar. El llamado a licitación fue “privado”, es decir, se invitó a 4 empresas para que oferten. La licitación no fue pública porque “legalmente” se pueden hacer licitaciones privadas si el monto involucrado en la obra está por debajo de determinado monto, que -en el caso de la calle Rivadavia-, no se iba a superar.
Claro que una cosa es lo “iba” a suceder, y otra muy distinta es lo que realmente sucedió: el jueves pasado se conoció la decisión del intendente de transformar a la futura semipeatonal en peatonal. Nada que criticar por eso. Pero lo que era semitransparente por no haberse contratado a través de una licitación pública, ahora se está volviendo completamente opaco: el llamado a licitación privada y posterior adjudicación de la obra recayó en la firma Tordel SA, constituida hace apenas 4 meses. ¿No hay “empresarios pilarenses” (como le gusta decir al jefe comunal) con más trayectoria, y en consecuencia con menor riesgo de eventuales incumplimientos o inconvenientes para el municipio?. ¿No hay en Pilar ni siquiera 4 empresas constructoras que tengan buenos antecedentes y al menos un par de años de experiencia?. Las modificaciones anunciadas la semana pasada elevarán el monto de la obra en unos 200 mil pesos. Si sumamos al monto inicial esta ampliación, se superará ampliamente el monto que hubiera obligado a que el llamado a licitación fuese público. En cambio, con incrementos posteriores a la adjudicación, se gambetea una condición –la de llamar a licitación pública- que garantiza sin dudas una mayor transparencia.
Todas estas cuestiones, que no son menores, se minimizarían si hubiera libre acceso a la información municipal. Pero no lo hay, y por los antecedentes de este gobierno, creo que se va a cumplir antes con la eterna promesa de asfaltar la Ruta 26, que lo que llevará contar con una ordenanza de libre acceso a la información.
Con información, los vecinos sabrían que hace más de un año, el gobierno prometió que a cambio de permitir el aumento del boleto de colectivos, las empresas cumplirían con circulación de móviles las 24 horas, una mayor frecuencia en los recorridos, la construcción de refugios en las paradas, etc. De todos esos compromisos, lo único que tenemos hoy es el boleto más caro.
Con información, los vecinos sabrían que el aumento en las tarifas de Sudamericana de Aguas (cuya segunda etapa se sentirá en el próximo mes de septiembre), fue aprobado por el gobierno argumentando que “van a hacer varias obras que si no las cumplen no se les dará el incremento”. Entre las obras, figuraban la creación de un ente de control y el compromiso de la empresa a erradicar la planta depuradora de la calle Champagnat haciéndose cargo de ese costo. Hasta ahora, lo único real es el aumento.
Fueron demasiadas las veces que el gobierno pidió sacrificios a los vecinos, prometiendo a cambio que el futuro sería mejor. Quizás en algunos meses, podremos sentarnos en alguno de los bancos de la peatonal a esperar sentados ese futuro que permanentemente se nos promete, pero que nunca llega.
Mucho se ha dicho desde la administración pública sobre el flagelo de la corrupción política, pero poco se ha hecho. Las máximas autoridades del gobierno local justifican su accionar discrecional con el argumento de que es legal. Podrá ser legal, pero no es transparente.
Analicemos el caso de la última licitación “importante” del gobierno: la semipeatonalización de la calle Rivadavia, en el centro de la Ciudad de Pilar. El llamado a licitación fue “privado”, es decir, se invitó a 4 empresas para que oferten. La licitación no fue pública porque “legalmente” se pueden hacer licitaciones privadas si el monto involucrado en la obra está por debajo de determinado monto, que -en el caso de la calle Rivadavia-, no se iba a superar.
Claro que una cosa es lo “iba” a suceder, y otra muy distinta es lo que realmente sucedió: el jueves pasado se conoció la decisión del intendente de transformar a la futura semipeatonal en peatonal. Nada que criticar por eso. Pero lo que era semitransparente por no haberse contratado a través de una licitación pública, ahora se está volviendo completamente opaco: el llamado a licitación privada y posterior adjudicación de la obra recayó en la firma Tordel SA, constituida hace apenas 4 meses. ¿No hay “empresarios pilarenses” (como le gusta decir al jefe comunal) con más trayectoria, y en consecuencia con menor riesgo de eventuales incumplimientos o inconvenientes para el municipio?. ¿No hay en Pilar ni siquiera 4 empresas constructoras que tengan buenos antecedentes y al menos un par de años de experiencia?. Las modificaciones anunciadas la semana pasada elevarán el monto de la obra en unos 200 mil pesos. Si sumamos al monto inicial esta ampliación, se superará ampliamente el monto que hubiera obligado a que el llamado a licitación fuese público. En cambio, con incrementos posteriores a la adjudicación, se gambetea una condición –la de llamar a licitación pública- que garantiza sin dudas una mayor transparencia.
Todas estas cuestiones, que no son menores, se minimizarían si hubiera libre acceso a la información municipal. Pero no lo hay, y por los antecedentes de este gobierno, creo que se va a cumplir antes con la eterna promesa de asfaltar la Ruta 26, que lo que llevará contar con una ordenanza de libre acceso a la información.
Con información, los vecinos sabrían que hace más de un año, el gobierno prometió que a cambio de permitir el aumento del boleto de colectivos, las empresas cumplirían con circulación de móviles las 24 horas, una mayor frecuencia en los recorridos, la construcción de refugios en las paradas, etc. De todos esos compromisos, lo único que tenemos hoy es el boleto más caro.
Con información, los vecinos sabrían que el aumento en las tarifas de Sudamericana de Aguas (cuya segunda etapa se sentirá en el próximo mes de septiembre), fue aprobado por el gobierno argumentando que “van a hacer varias obras que si no las cumplen no se les dará el incremento”. Entre las obras, figuraban la creación de un ente de control y el compromiso de la empresa a erradicar la planta depuradora de la calle Champagnat haciéndose cargo de ese costo. Hasta ahora, lo único real es el aumento.
Fueron demasiadas las veces que el gobierno pidió sacrificios a los vecinos, prometiendo a cambio que el futuro sería mejor. Quizás en algunos meses, podremos sentarnos en alguno de los bancos de la peatonal a esperar sentados ese futuro que permanentemente se nos promete, pero que nunca llega.
lunes, 17 de julio de 2006
Cómplices
(EL DIARIO REGIONAL, 16/07/2006) El jueves pasado fue un mal día para los ambientalistas de Entre Ríos: la Corte Internacional de Justicia de La Haya dijo que las papeleras Botnia y Ence podrán continuar con la construcción de sus plantas, frente a las costas de Gualeguaychú, afectando a los vecinos que viven allí.
También fue un mal día para todos los pilarenses: nuestros concejales aprobaron una ordenanza que pretende regular la actividad nocturna en el Partido, pero que en realidad, la desregula, agravando y mucho no sólo la vida de los vecinos, sino también poniendo en riesgo la de los jóvenes que concurren a divertirse. Fue una paradoja que mientras los vecinos afectados por la medida del gobierno se retiraban de la sesión legislativa –al aprobarse la norma- con bronca e impotencia, un empresario bolichero que también había asistido se retirara con una sonrisa. No era para menos: tanto favorecieron los concejales a los empresarios, que hay quienes sospechan que detrás de la aprobación, el Concejal Carlos Olivera, jefe de la bancada zuccarista, y algunas de sus marionetas levantamanos actuaron impulsados por algunas razones más metálicas que su incapacidad para legislar.
La ordenanza
Cualquiera que hasta ayer quisiera habilitar una confitería bailable o boliche, tenía que pagar, en concepto de “tasa de inspección”, hasta veinte mil pesos; ahora en cambio, los locales de diversión podrán habilitarse como “bar-pub”, y en tal caso solo deberán tributar una décima parte de ese monto.
En ciudades como Buenos Aires o Rosario (a la que el intendente suele mencionar como ejemplo de gestión), los boliches están regulados en serio. Tratándose del “derecho de admisión” -eufemismo que utilizan los patovicas para discriminar- las ciudades que nuestro intendente admira obligan a exhibir en la entrada un cartel con los requisitos de ingreso; de esa manera, nadie puede ser impedido de entrar “por no tener tarjeta” por caso, si no se establece de antemano tal requisito.
La ordenanza aprobada el jueves en Pilar sólo establece la ingenua condición de “no discriminar”. Como si cuando los musculosos de la puerta “rebotan” a alguien por ser discapacitado, le fueran a decir “no te dejamos entrar porque sos discapacitado”.
Y hablando de discapacitados, en las ciudades “para todos” de verdad, se exige un baño para ellos, además de un inodoro cada 50 personas. Nuestra flamante ordenanza no dice una sola palabra de baños, y menos para discapacitados; quizás sea para desalentar que alguien en silla de ruedas vaya a divertirse, no sea cosa que por una desgracia haya que usar la salida de emergencia. Porque si así fuera, el inspector Airoldi y muchos otros funcionarios municipales, se darían cuenta que una salida de emergencia con un escalón de 80 centímetros entre el piso interior y la vereda– como ocurre en uno de los locales del “corredor”- es una trampa mortal.
En Rosario, las disposiciones establecen que no debe haber viviendas residenciales en todo el perímetro de los boliches; si existieran residentes linderos, la totalidad de los mismos deben manifestar su consentimiento expreso para que el lugar sea habilitado.
Además, se niega la habilitación cuando se opongan a ella un tercio o más de los vecinos que residen en un radio de 50 metros.
En las ciudades elogiadas por nuestro alcalde se exige un sistema de iluminación de emergencia, un grupo electrógeno automático, y detector de metales en la entrada. Nuestra novel ordenanza no dice nada sobre estas cuestiones. Quizás Carlos Olivera, que vive en la localidad de Del Viso, no sepa que en la localidad de Pilar a veces la luz se corta, o que a veces alguien armado puede pretender ingresar a un boliche lleno de chicos.
Pero mientras no pase nada, todos mirarán para otro lado. Total, el día que pase, harán como también hicieron en la sesión del jueves: aprobaron pagar 700 mil pesos por un juicio por mala praxis en el hospital: “No importa quien fue. Hay que pagar” dijo Zúccaro.
Aunque en nuestro “Pilar para todos” ya estemos acostumbrados a que los concejales y funcionarios aten todo con alambre, a que la justicia investigue indefinidamente sobre negociados y negligencias, y a que los inspectores sólo clausuren puestos de artesanías en una plaza, los jóvenes seguirán mereciendo concurrir a lugares realmente seguros, y los vecinos de la Ruta 8 seguirán mereciendo recuperar su calidad de vida. Aunque eso sólo sea posible el día que el “corredor nocturno” sea trasladado a otro lugar.
Mientras tanto, recemos para que nada irreparable ocurra.
También fue un mal día para todos los pilarenses: nuestros concejales aprobaron una ordenanza que pretende regular la actividad nocturna en el Partido, pero que en realidad, la desregula, agravando y mucho no sólo la vida de los vecinos, sino también poniendo en riesgo la de los jóvenes que concurren a divertirse. Fue una paradoja que mientras los vecinos afectados por la medida del gobierno se retiraban de la sesión legislativa –al aprobarse la norma- con bronca e impotencia, un empresario bolichero que también había asistido se retirara con una sonrisa. No era para menos: tanto favorecieron los concejales a los empresarios, que hay quienes sospechan que detrás de la aprobación, el Concejal Carlos Olivera, jefe de la bancada zuccarista, y algunas de sus marionetas levantamanos actuaron impulsados por algunas razones más metálicas que su incapacidad para legislar.
La ordenanza
Cualquiera que hasta ayer quisiera habilitar una confitería bailable o boliche, tenía que pagar, en concepto de “tasa de inspección”, hasta veinte mil pesos; ahora en cambio, los locales de diversión podrán habilitarse como “bar-pub”, y en tal caso solo deberán tributar una décima parte de ese monto.
En ciudades como Buenos Aires o Rosario (a la que el intendente suele mencionar como ejemplo de gestión), los boliches están regulados en serio. Tratándose del “derecho de admisión” -eufemismo que utilizan los patovicas para discriminar- las ciudades que nuestro intendente admira obligan a exhibir en la entrada un cartel con los requisitos de ingreso; de esa manera, nadie puede ser impedido de entrar “por no tener tarjeta” por caso, si no se establece de antemano tal requisito.
La ordenanza aprobada el jueves en Pilar sólo establece la ingenua condición de “no discriminar”. Como si cuando los musculosos de la puerta “rebotan” a alguien por ser discapacitado, le fueran a decir “no te dejamos entrar porque sos discapacitado”.
Y hablando de discapacitados, en las ciudades “para todos” de verdad, se exige un baño para ellos, además de un inodoro cada 50 personas. Nuestra flamante ordenanza no dice una sola palabra de baños, y menos para discapacitados; quizás sea para desalentar que alguien en silla de ruedas vaya a divertirse, no sea cosa que por una desgracia haya que usar la salida de emergencia. Porque si así fuera, el inspector Airoldi y muchos otros funcionarios municipales, se darían cuenta que una salida de emergencia con un escalón de 80 centímetros entre el piso interior y la vereda– como ocurre en uno de los locales del “corredor”- es una trampa mortal.
En Rosario, las disposiciones establecen que no debe haber viviendas residenciales en todo el perímetro de los boliches; si existieran residentes linderos, la totalidad de los mismos deben manifestar su consentimiento expreso para que el lugar sea habilitado.
Además, se niega la habilitación cuando se opongan a ella un tercio o más de los vecinos que residen en un radio de 50 metros.
En las ciudades elogiadas por nuestro alcalde se exige un sistema de iluminación de emergencia, un grupo electrógeno automático, y detector de metales en la entrada. Nuestra novel ordenanza no dice nada sobre estas cuestiones. Quizás Carlos Olivera, que vive en la localidad de Del Viso, no sepa que en la localidad de Pilar a veces la luz se corta, o que a veces alguien armado puede pretender ingresar a un boliche lleno de chicos.
Pero mientras no pase nada, todos mirarán para otro lado. Total, el día que pase, harán como también hicieron en la sesión del jueves: aprobaron pagar 700 mil pesos por un juicio por mala praxis en el hospital: “No importa quien fue. Hay que pagar” dijo Zúccaro.
Aunque en nuestro “Pilar para todos” ya estemos acostumbrados a que los concejales y funcionarios aten todo con alambre, a que la justicia investigue indefinidamente sobre negociados y negligencias, y a que los inspectores sólo clausuren puestos de artesanías en una plaza, los jóvenes seguirán mereciendo concurrir a lugares realmente seguros, y los vecinos de la Ruta 8 seguirán mereciendo recuperar su calidad de vida. Aunque eso sólo sea posible el día que el “corredor nocturno” sea trasladado a otro lugar.
Mientras tanto, recemos para que nada irreparable ocurra.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)